En busca de un escenario para el crecimiento
La crisis ha llevado las variables sensibles de la economía a puntos peligrosos. España debe reducir el coste de financiación y la escalofriante tasa de paro. Para ello: reformas.
Tras 14 años de crecimiento ininterrumpido de la economía, el empleo, los beneficios empresariales y la renta de los españoles, el ciclo se quebró en 2008 por la crisis financiera mundial. Pero se quebró con más virulencia para España por el especial abuso que había hecho de la financiación barata, hasta acumular unos niveles de apalancamiento tales que han puesto contra las cuerdas a uno de los más prestigiosos sistemas financieros del planeta. La situación puede paralizar el crecimiento más años de los debidos y obligar a convivir con tasas de desempleo superiores al 20%. El hecho de que la crisis haya sido afrontada por un Gobierno con escasa sensibilidad para la economía, doblemente demostrada con políticas peligrosamente contradictorias durante los tres últimos años, ha depositado demasiadas esperanzas de cambio de ciclo económico en un cambio de ciclo político.
Pero que nadie espere que un simple trueque del turno político sea una garantía de golpe de timón para la economía. Solo un cambio de la política económica que encare con firmeza el rigor fiscal en todas las administraciones y restablezca la confianza tanto en los agentes económicos internos como en los inversores externos puede virar el rumbo. El deterioro de la economía española ha llegado demasiado lejos, y algunas variables han alcanzado niveles muy peligrosos, lo que exige cambios muy radicales para recomponer la situación.
Ni los niveles de desempleo que tiene España ni los niveles del coste de financiación de la economía son sostenibles, y sin recomponer lo segundo será imposible remediar lo primero. El Gobierno actual ha cometido errores de diagnóstico de la situación desde el minuto primero de la crisis, y ello ha contaminado toda la política posterior, y ha contribuido, desgraciadamente a encarecer la solución. Inicialmente negó que España fuese a ser engullida, ni siquiera rozada, por la tormenta financiera, y cuando la evidencia le desbordó, se aferró a una manida fortaleza a prueba de bombas tanto del sistema financiero español como de las finanzas públicas.
Pero como la longevidad de la crisis ha superado con creces las previsiones de quienes hablaban de "poco más que un constipado", de una desaceleración pasajera, ni las finanzas públicas ni la solvencia de la banca han resistido a pie firme. Losmercados financieros, donde se alojan quienes tienen que financiar el crecimiento de la economía como lo han hecho durante el último ciclo, han puesto una cruz a España, como a otros países, cuestionando su capacidad de repago, y le han colocado el coste de financiación más allá del 6%, nivel de todo punto insostenible.
Además, la gran bola de deuda privada acumulada por los agentes internos, tanto hogares como empresas, en la que el sistema financiero ha actuado de animoso impulsor, amenaza con convertirse en deuda pública y debilitar a bancos y cajas. Así, hoy, tras sucesivas radiografías financieras que demuestran que la banca española sigue conservando su solidez, nadie da un euro por las cajas de ahorros, cuya reforma ha sido preciso precipitar, convirtiéndolas en bancos.
El Gobierno ha mostrado una debilidad notable desde que los mercados y los socios comunitarios le convencieron de que era preciso un cambio de política económica, que nada tenía que ver con la que el presidente Zapatero practicaba desde que en la primavera de 2009 cesó a Pedro Solbes en Economía para gestionarla él y su vicepresidenta Elena Salgado. Falto de convicción, puso en marcha una serie de reformas para movilizar el empleo y enviar señales de que cumpliría rigurosamente con la estabilidad fiscal, tras haber llevado el saldo financiero público hasta el 10% de déficit.
Negociación colectiva, mercado de trabajo, pensiones, recorte de inversión y sueldos de funcionarios, congelación de las pensiones públicas, recapitalización de las cajas de ahorros, etc. Necesario, pero no suficiente. Los inversores exteriores exigenmás, y a los interiores les sigue pareciendo poco, puesto que no han movilizado ni una sola decisión de inversión, a juzgar por cómo se comportan los indicadores de la demanda en los últimos meses.
El deterioro ha llegado hasta el punto de considerar que el Gobierno ha dado muestras de agotamiento en sus políticas, y que, una vez que el presidente Zapatero ha renunciado a seguir, se ha convertido en una especie de administración en funciones que no es la mejor de las soluciones para la economía. Por ello empresarios, inversores y particulares, tal como reflejan las encuestas, depositan de formamuy mayoritaria en las elecciones las posibilidades de cambio de ciclo. Primero el político y después el económico.
Gane quien gane las elecciones, digan hoy lo que digan las encuestas, el Gobierno que se reúna por vez primera en torno a la Navidad tiene un camino duro por delante. Deberá seguir la senda iniciada por el actual, sin permitirse ni una sola licencia en materia presupuestaria. El objetivo de déficit fiscal debe cumplirse a rajatabla, con rigor tanto en el Estado como en los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y dado el carácter mortecino que hoy tiene la actividad y la generación de nuevas bases imponibles, no parece que quede otro remedio que iniciar el vía crucis con otra cosa que no sea subir los impuestos, sobre todo los que afectan a las rentas y consumos personales (IRPF, IVA y especiales), paramantener o reducir la presión sobre los agentes que tienen que recomponer el tejido laboral, que es la mejor fórmula, a fin de cuentas, de recuperar ingresos públicos en el medio y largo plazo.
La configuración del mapa político territorial tras las elecciones de mayo pasado augura que la derecha tiene una responsabilidad capital en el asunto, que podría tener que redoblar si, como anticipan las encuestas, recupera también el Gobierno de la nación. Y en ese rigor regional debe estar incluido un reajuste de los niveles de gasto de las comunidades autónomas, con mecanismos de castigo al gasto no justificado, sea en sanidad o en servicios sociales, pero algo que coloque los niveles de gasto en lo que sea realmente financiable.
Quien gobierne desde Navidad deberá culminar la reforma financiera, ya muy adelantada pese al retraso con el que se ha practicado, y deberá retomar, para profundizar, las reformas laborales que el Gobierno ha aprobado en 2010 y 2011 y que no han funcionado. Seguramente en el intento determinados residuos normativosmás propios de la autarquía franquista que de democracias integradas en espacios monetarios únicos deberán desaparecer. No parecen encontrar los expertos muchas otras fórmulas para dinamizar un empleo juvenil paralizado.
Quien gobierne desde Navidad debe recuperar la confianza perdida con iniciativas de apoyo a los emprendedores, y espolear los nuevos proyectos en actividades preferentemente manufactureras, aunque una parte de la recuperación vendrá, como siempre en este país, por el sector de la construcción, aunque lo haga en su justa medida.
Pero sobre todo quien gobierne desde Navidad debe acometer un sinfín de reformas adicionales que quien gobierna ahora ha eludido interesadamente, unas por falta convicción y otras por evitar el coste político que le reportaba.
La justicia, la fiscalidad, el suelo, la sanidad, la administración pública, la educación, la energía, la distribución comercial, la formación de salarios, etc. son solo la relación ineludible de cambios normativos que tendrá que afrontar el nuevo gobierno para flexibilizar la economía y movilizar oferta y demanda.