El coste de una mala previsión
Las comunidades autónomas deben al Gobierno 23.100 millones de euros. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles tenía como objetivo estudiar diferentes alternativas para la devolución de esa cantidad. Las posturas iniciales estaban claras: por un lado, las comunidades autónomas pretendían retrasar el pago de esa cantidad lo más posible. Por otro, el Gobierno no estaba dispuesto a prorrogar los seis años inicialmente pactados para la recuperación de esos fondos.
El resultado de la reunión deja al Gobierno como vencedor. El dinero tendrá que devolverse en los plazos inicialmente acordados. A cambio, el Estado se compromete, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a adelantar la mitad de las aportaciones necesarias en 2012. La única condición que se establece para ello es que las comunidades autónomas utilicen esos fondos para pagar a sus proveedores.
Una buena solución que, por un lado, incrementa ligeramente la liquidez de las comunidades autónomas y que, por otro, refuerza el mensaje de austeridad que, desde el Gobierno, se está intentando enviar a los inversores internacionales.
El problema con el que se encuentran las comunidades autónomas es que tienen que devolver esos 23.100 millones de euros mientras realizan un fuerte ajuste presupuestario. Una vez aceptado el sobrecoste que -en términos de obtención de financiación para el Estado- implicaría el retraso en la recuperación de esos fondos, la pregunta que surge es ¿por qué las comunidades autónomas adeudan esa cantidad? ¿Cuál es el origen de esos más de 20.000 millones?
Y la respuesta la tenemos en los Presupuestos Generales del Estado de los años 2008 y 2009. Fue entonces cuando el Gobierno sobrestimó la situación de la economía española, obviando en sus previsiones el efecto que la crisis financiera internacional tendría sobre nuestro país. Así, para los años 2008 y 2009, el Gobierno estimó que el Producto Interior Bruto (PIB) crecería un 3,3% y un 1,0% respectivamente. La realidad fue otra: el PIB creció, únicamente, un 0,9% en el primero de esos dos años y se contrajo un 3,7% en el segundo. Esa diferencia en las previsiones de crecimiento, se tradujo en menores niveles de recaudación tributaria y en un incremento del gasto público. Como consecuencia de ello, el Estado anticipó a las comunidades autónomas, en esos dos años, 23.100 millones de euros que "nunca llegaron a recaudarse".
Así pues, las comunidades autónomas se encuentran con un sobrecoste que dificulta la situación de sus finanzas públicas, en un momento especialmente delicado. La reducción de los altos niveles de déficit y de duda se ha convertido en el principal objetivo de las administraciones públicas, pero ningún acuerdo entre las distintas entidades implicadas podrá evitar un proceso de desendeudamiento que será duro y costoso.
La prueba de ello la tenemos, de nuevo, en la misma reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles. En ella se acordaron los niveles de déficit que las comunidades autónomas tendrán que cumplir en los próximos años: 1,3% del PIB regional en 2012, 1,1% en 2013 y 1% en 2014. Quedó pendiente, sin embargo, el establecimiento de los distintos techos de gasto para el mismo escenario temporal. Inicialmente, iba a ser el Gobierno el que los estableciera. Finalmente, se ha optado porque sean las propias comunidades autónomas las que propongan un límite al Gobierno, pudiendo este aceptarlo o rechazarlo.
La gravedad de la situación de las finanzas públicas del Estado en su conjunto, hace pensar que habría sido deseable un acuerdo más claro y firme en lo que al techo de gasto y al nivel de déficit -más allá de las simples cifras- se refiere. Dejar que las comunidades autónomas lleven la iniciativa en la reducción del gasto público podría limitar el efecto de los recortes. El establecimiento de controles del gasto corriente por parte del Gobierno y la eliminación de duplicidades administrativas son herramientas y opciones que deberían ser estudiadas en las próximas reuniones del Consejo.
Si se quiere recuperar la confianza de los inversores, es necesario actuar con decisión en lo que se refiere al control de los gastos autonómicos. Aunque tarde, y un poco deslavazadamente, el Gobierno fue valiente a la hora de recortar el gasto público que de él dependía. Esa misma valentía es la que se le reclama ahora para lograr disminuir el gasto dependiente de las comunidades autónomas.
Gonzalo Gómez Bengoechea. Investigador de Economía del IESE