EDITORIAL

Una reforma urgente y necesaria

La investigación judicial que se está llevando a cabo en la cúpula directiva de la SGAE ha logrado poner sobre la mesa una cuestión que durante largo tiempo ha sido tan reclamada como aparentemente ignorada: la necesidad de reforzar los sistemas de control sobre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Para que ese hito se haya producido ha tenido que estallar un severo y descomunal escándalo cuyas dimensiones todavía están por delimitar, pero que puede convertirse en la primera piedra -evidentemente, una piedra involuntaria- de una reforma que debería haberse abordado hace ya mucho tiempo. En respuesta a las voces que acusan a su ministerio de no haber ejercido una fiscalización suficiente sobre las actividades de la SGAE, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, anunció ayer en el Congreso un paquete de cuatro medidas destinadas a intentar poner el cascabel a un gato que se ha revelado más de una vez como especialmente escurridizo.

Esas medidas incluyen una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual destinada a impedir "la creación indiscriminada" de sociedades y fundaciones mercantiles en el seno de las entidades de gestión y a supeditar la existencia de cualquiera de ellas al control de la Administración pública; la puesta en marcha de una auditoría pública obligatoria; el diseño de una solución provisional -a la espera de que Bruselas legisle sobre el particular- sobre el reparto de competencias territoriales de supervisión, y la creación de un régimen sancionador especial dirigido a penalizar a aquellas entidades que no cumplan con sus actividades.

Todas las medidas propuestas en sede parlamentaria por la ministra de Cultura parecen especialmente sensatas, atinadas y oportunas. Tanto que resulta inevitable preguntarse por qué no han sido adoptadas con anterioridad, no solo en esta sino también en anteriores legislaturas y bajo Gobiernos de uno y otro signo. El régimen de privilegio bajo el que se han desarrollado las actividades de las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual en España ha sido denunciado desde numerosos y muy diferentes ámbitos, entre ellos por la propia Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que calificó el estatus de estas entidades de "monopolístico, opaco e injusto". El sistema de control que ejerce el Ministerio de Cultura se ha mostrado ineficaz para detectar un entramado como el desarrollado en la SGAE, entre otros motivos porque sus competencias se limitan a la propia entidad y no se extienden a las posibles entidades mercantiles creadas por esta. Es de esperar que la reforma anunciada no deje ningún resquicio abierto por el que se pueda producir otro escape.