Rudi reduce de 12 a 9 las consejerías y suprime el 25% de altos cargos
La candidata popular a la Presidencia de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, anunció ayer un "plan de choque" basado en la austeridad y la contención del gasto para corregir los desajustes en el sector público. "Este plan, sin embargo no afectará a los instrumentos de bienestar que verdaderamente importan", subrayó Rudi durante su discurso de investidura, en el que anunció una profunda reforma administrativa basada en dos puntos: una auditoría "rigurosa" de la contabilidad del sector público y la fijación de un techo de gasto autonómico.
Ese plan de choque servirá también para impulsar la Ley de Subvenciones y Ayudas Públicas, con la que prevé reforzar los mecanismos de control y transparencia, así como la eficacia y la igualdad de oportunidades en el acceso a las mismas.
En paralelo, Rudi anunció un profundo adelgazamiento del sector público, tal y como han hecho otros candidatos populares que han accedido a la presidencia en otras regiones (María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, José Ramón Bauzá en Baleares o Ignacio Diego en Cantabria). El número de consejerías se reduce de doce a nueve y se suprime el 25% de los altos cargos y el 40% de los asesores. Ese recorte también vendrá acompañado con un profundo ajuste en las partidas dedicadas a coches oficiales, publicidad institucional y gastos de representación.
En materia impositiva, la futura presidenta de Aragón anunció que bonificará al máximo la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre cónyuges y de padres a hijos y reducirá los tributos que penalizan, entre otras actividades, al turismo de nieve, una de las principales fuentes de ingresos de la economía aragonesa. En la última temporada acudieron a las estaciones más de 1,2 millones de turistas que dejaron un gasto de 173 millones de euros.
Evitar duplicidades
El portavoz de la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, anunció ayer la creación de una comisión de estudio sobre las duplicidades de competencias entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid para mejorar la eficiencia de los servicios públicos.