COLUMNA

Grecia, España y el futuro del euro

La crisis griega no acaba de solucionarse por las enfrentadas posiciones de Alemania y el BCE, y la Comisión Europea y el FMI como testigos de la disputa. En este debate, nada de lo que se discute es menor, pues la solución para Grecia apunta al corazón de la reforma de la Unión que debería aprobarse a finales de junio.

La posición alemana se basa en una narrativa de la crisis que sitúa la falta de productividad, los excesos del crédito, precios y salarios y el déficit exterior de los países periféricos como la causa de sus males. Y como buenos luteranos, los que se han comportado mal deben pagar por sus pecados.

Ello quiere decir que el sector privado, que tan alegremente financió aquellos excesos, debe correr con parte de los costes. Y que, como prerrequisito para la concesión de un nuevo crédito a Grecia, los deudores privados deben aceptar un alargamiento de los plazos de amortización de hasta siete años.

El BCE se opone a cualquier reestructuración de la deuda, voluntaria o no, que implique un cierto default, por suave que sea. Y ello, por dos motivos. Primero, porque ha acumulado deuda pública griega por valor de 50.000/60.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros 80.000/90.000 millones en colateral de la banca griega para obtener la liquidez sin la cual no podría funcionar. Por tanto, el BCE tiene intereses en defender la deuda griega para evitar pérdidas en su capital.

Además, el BCE considera que ni el Gobierno alemán ni la Comisión comprenden las implicaciones de una reestructuración de la deuda griega. De producirse esta, los problemas no quedarían, en su opinión, circunscritos a Grecia, de forma que podría producirse un nuevo desastre financiero similar al posterior al colapso de Lehman Brothers.

Finalmente, la Comisión apoya la posición alemana, al tiempo que el FMI ha estado presionando para que se garanticen nuevos créditos a Grecia, amenazando con no hacer efectivo el tramo de 12.000 millones de dólares que le correspondía abonar ahora por el plan acordado en mayo de 2010.

En los últimos días parecía que se estaba consiguiendo un cierto consenso alrededor de un nuevo crédito, de unos 60.000 millones de euros, que permitiría evitar el retorno de Grecia a los mercados en 2012, apoyado en un nuevo plan de ajuste (con privatizaciones incluidas) y una reestructuración voluntaria de la deuda griega, en forma de ampliación de plazos, tal y como se hizo en 2008 con la de los países del este de Europa. Lastimosamente, este acuerdo parece alejarse tras la rotunda oposición del BCE y la defensa alemana de un alargamiento de plazos de siete años.

Esta profunda discrepancia refleja, además del problema griego, las diferencias sobre la reforma de los tratados de la Unión y el diseño del Fondo permanente de Estabilidad. Para después de 2013, Alemania exige, primero, que un país pueda suspender pagos; segundo, que en esta situación pueda ser rescatado; tercero, que la deuda de ese país en manos del Fondo de Estabilidad sea sénior respecto de aquella en manos privadas, y cuarto, que en el supuesto de suspensión de pagos, el sector privado corra con parte de la quita que pueda implicar.

¿Cómo terminará la disputa? Cómo siempre, Alemania se llevará el gato al agua, quizás cediendo en la prelación de la deuda en manos del Fondo. Por ello, nos estamos acercando a una nueva fase en la solución de la crisis de la deuda soberana que, indirectamente, puede tener efectos indeseables sobre España. En especial en el contexto de rebajas, o amenazas de reducción, de los ratings de países como Italia y Bélgica, en el euro, o Gran Bretaña y los EE UU, fuera de él. Grecia no puede devolver íntegramente la deuda contraída.

Y parece que Irlanda y, probablemente, Portugal tampoco. Un default de estos países, por suave que sea, nos situará de nuevo en el ojo del huracán. Quizás no inmediatamente, aunque ello también es posible. Pero, en todo caso, no mucho más lejos de 2013 o 2014. Por ello, conviene no desfallecer en las reformas. Vienen tiempos turbulentos.

Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada (UAB)