Ojo con el mito de Islandia

"España en pie, una Islandia es" se ha convertido en uno de los lemas del interesante movimiento ciudadano surgido del 15-M. La comparación alude a la supuesta actitud ejemplar de ese país nórdico ante la crisis financiera. Un mito que conviene revisar porque no parece coincidir del todo con la realidad.

Cierto que en Islandia, la indignación popular parece haber sido enorme. Y que se han iniciado actuaciones judiciales contra políticos y ejecutivos. Pero eso no convierte a la isla en un modelo.

En primer lugar, Reikiavik sí que inyectó dinero público en sus bancos en la medida de sus posibilidades (nada más empezar la crisis, en septiembre de 2008, el Estado se quedó con el 75% del tercer banco más grande del país). Y cuando ya no pudo por sí solo, solicitó ayuda a sus vecinos (2.750 millones de dólares) y al Fondo Monetario Internacional (otros 2.100 millones), bajo cuyas instrucciones ha estado actuando el Gobierno islandés.

Como consecuencia, la deuda pública ha pasado del 28,5% en 2007 al 94,5% previsto para este año. Esta pesadisima factura la están pagando los ciudadanos islandeses en forma de planes de ajuste (el año pasado, con incremento de IVA, impuestos en energía, etc.), como en el resto de países rescatados por el FMI. Y la resistencia a los planes no ha sido mayor, incluso podría decirse que menor, que en Grecia o Irlanda. Cayó el Gobierno en su día, pero también en Dublín.

Hasta ahora, los islandeses (mediante dos referendum, el último, el 9 de abril) solo se han negado a pagar una factura: la de los casi 400.000 ciudadanos británicos y holandeses que depositaron sus ahorros en sucursales de uno de los principales bancos de la isla (Landsbanki, a través de la marca Icesave). Pero esa rebelión no ha pasado la factura a los banqueros islandeses, sino a los contribuyentes británicos y holandeses. Veamos por qué.

En plena crisis, Reikiavik concedió cobertura completa a los ahorradores del país, pero a los clientes de las filiales en el exterior les dejó con el minimo (20.887)fijado por la legislación europea sobre garantía de depositos. (que Islandia debe respetar porque pertenece al Espacio Económico Europeo). Reino Unido y Holanda tuvieron que poner la diferencia entre el mínimo y el depósito real de los clientes del quebrado banco islandés y quieren recuperar su dinero.

El EEE ha abierto un expediente contra Reikiavik por discriminar a unos ahorradores de otros. El Gobierno islandés, en las últimas alegaciones (2 de mayo) que ha presentado, asegura que "no se trató de una discriminación por nacionalidad, sino en función del lugar de los depósitos". El tiempo dirá cómo termina el expediente pero no parece un argumento demasiado poderoso y es muy probable que Islandia, los islandeses, también tengan que pagar esa factura. Sobre todo, porque el Gobierno reconoce en el mismo documento que una de las razones para dejar a los clientes extranjeros sin su pasta fue que "si hubiéramos garantizado los depósitos de las filiales no nacionales, las reservas de divisas se nos hubiera agotado, probablemente, en dos días por la continua retirada de fondos de esas sucursales".

Por último, hay que recordar que gran parte del problema de la isla estriba en su tolerancia (un gobierno tras otro) con un sector financiero que en el momento del colapso acumulaba una deuda seis veces mayor que el PIB del país y que en 2007 tenía el 50% de los activos en el exterior.

¿Cómo respondieron los islandeses a ese descomunal crecimiento? La respuesta pude encontrarse en el informe (página 16) que el Gobierno encargó a un experto finlandés sobre las causas del colapso:

"Los banqueros eran considerados prácticamente héroes; la prensa les trataba como estrellas y la nación estaba orgullosa del éxito de sus bancos".

Así que, ojalá que el 15-M rompa el vicioso circulo que convierte en públicas las deudas privadas. Pero quizá no debería buscar el modelo en Islandia.