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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La morosidad no admite excepciones

Cuando el pasado 7 de julio entró en vigor la nueva Ley de Morosidad se hizo evidente que su cumplimiento supondría un esfuerzo importante -y progresivo- tanto por parte de las empresas como de las Administraciones públicas. Ocho meses después de la entrada en vigor del texto, los datos hechos públicos por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad revelan que ese esfuerzo ha existido, pero que se ha concentrado única y exclusivamente en el sector privado.

Nada menos que 157 días -107 por encima de lo marcado por la ley- es el plazo medio que consumió en 2010 la Administración para abonar las facturas de sus proveedores. Ello supone tres días más de retraso que el año anterior y complica extraordinariamente -por no decir que impide- el cumplimiento del objetivo de 30 días que la ley marca para 2013. En contraste con esa actuación, las empresas han rebajado en ocho días su plazo de pago y se han quedado a solo ocho de su plazo legal en 2010: 85 días.

El balance que arrojan estos datos revela, en primer lugar, el diferente compromiso y nivel de eficacia que se advierte entre uno y otro sector a la hora de luchar para reducir la morosidad. Mientras las empresas parecen haber hecho buena parte de sus deberes -y a la vista de las dificultades que aquejan a la economía española, los han hecho a costa de mucho esfuerzo-, las Administraciones públicas siguen embarcadas en unos periodos medios de pago que no solo incumplen la legalidad, sino que resultan inaceptables para la buena marcha de cualquier economía de mercado. El mal comportamiento del sector público ha provocado que la morosidad se haya elevado una décima en 2010 -hasta el 5,1%- lo que supone más del doble de la media en la UE y convierte a España en un país, una vez más, tristemente diferente.

Aferrarse a una financiación a costa de los proveedores es un recurso especialmente tentador en tiempos de crisis y también especialmente dañino. Con un ritmo de destrucción de tejido empresarial que ha propiciado el cierre de cientos de miles de pequeñas empresas en los últimos tres años, muchas de ellas víctimas de tensiones de tesorería, la morosidad del sector público español supone una carga muy pesada para todo el conjunto de la economía. Es paradójico que mientras se intensifican los esfuerzos para estimular la creación de empleo, las Administraciones públicas sigan contribuyendo al estrangulamiento financiero de autónomos y pequeñas empresas. También lo es que sea precisamente el sector público el que infrinja de forma flagrante la legislación sobre esta materia. La ley está hecha para todos y todos están obligados a cumplirla. Como sabe bien cualquier ciudadano o empresario, en la morosidad no caben excepciones.

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