Jubilación de las nucleares
En una enmienda de última hora a la Ley de Economía Sostenible, CiU y el PNV han vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la vida útil de las centrales nucleares. Según el senador Sánchez Llibre, con la aprobación de esta enmienda, "la energía nuclear podrá jugar un papel relevante más allá del 2020", habiendo conseguido "un cambio radical en la postura anacrónica y anticuada del PSOE". Para este senador, la referida enmienda "constituye un hecho de gran relevancia económica que ha pasado desapercibido". Puede que así sea, pero ciertamente no es eso lo que se deduce de su lectura. Es cierto que el PSOE había introducido en el anteproyecto una referencia a los 40 años de vida de diseño de las centrales que finalmente se ha suprimido, pero eso era, y sigue siendo, en el contexto de la planificación energética indicativa a 2020, plazo en el que ninguna central habrá llegado a esta edad, excepción hecha de Garoña que está previsto que cierre en 2013. Por tanto, las cosas quedan como estaban y en las circunstancias actuales la decisión habrá de tomarse cuando llegue el momento, primero en relación a Almaraz el año 2021, y en años posteriores para las demás centrales.
Una central nuclear no tiene una vida estrictamente fijada de antemano, pero más obvio es que no son eternas y que en algún momento habrá que clausurarlas, sobre todo si queremos evitar tener que hacerlo deprisa y corriendo en respuesta a algún accidente en una central que haya funcionado más allá del plazo inicialmente previsto. Llegado el momento, tendremos pues que aplicar un principio de prudencia y decidir que el riesgo que supone continuar explotando una central es superior a los beneficios que la sociedad obtiene. Una decisión a la que más temprano que tarde tendremos que enfrentarnos, ya que la opción de sustituirlas por centrales de nueva generación no parece viable en el futuro previsible. El supuesto renacimiento nuclear europeo es poca cosa más que una campaña mediática, imposible de materializar en la extensión y en el plazo requerido: en los próximos 25 años tendrían que reemplazarse en el mundo más de 300 reactores, a una media de uno al mes, cuando se tarda casi 10 años en licenciar y construir un reactor. Por esta razón, y haciendo de la necesidad virtud, algunos países están alargando hasta los 60 años los permisos de explotación de los reactores actuales. Sin posibilidad de sustituirlos por otros más modernos y sin haber preparado a tiempo su sustitución, la única alternativa que les queda es apagar la luz o ir más allá de lo que la prudencia aconseja. De continuar con esta estrategia, el riesgo que corremos es que un accidente en estos reactores obligue a clausurar todos los que hayan sobrepasado su edad, produciéndose, entonces sí, y de golpe, un grave problema de suministro.
Se trata -además de prever y planificar un cierre ordenado- de determinar quién y cómo decidirá si el riesgo que se corre alargando la vida de las centrales es o no socialmente asumible, y bajo qué régimen económico ha de tener lugar una hipotética prolongación. ¿En quién recae esta responsabilidad? En una primera instancia corresponde al CSN en lo que respecta a la seguridad, pero la renovación de las licencias no puede depender solo de esta institución, por muy competente que sea. Lo que sí debe hacer el CSN es definir con claridad cuáles son los parámetros que hay que vigilar para mantener la seguridad de los reactores, y publicar, con antelación, qué márgenes de variación considera aceptables en estos parámetros, vigilando y publicando periódicamente su evolución, para que sea el Congreso de Diputados el que decida el nivel de riesgo que se considera socialmente asumible. Lo que no puede ser es que los miembros del CSN no tengan ninguna responsabilidad, ni civil ni penal ni política, por las posibles consecuencias de sus dictámenes, y que el Gobierno descargue en el CSN toda la responsabilidad de la renovación de licencias más allá de los plazos previstos, porque esto equivale a decir que nadie se hace realmente responsable de lo que pueda ocurrir.
En un asunto tan serio como este, alguien tendrá que asumir esta responsabilidad, hasta sus últimas consecuencias, y por encima de intereses particulares que presionan y presionarán en favor de la continuidad de unas centrales amortizadas, y por ello muy rentables para sus propietarios, a costa de un riesgo que asumiríamos colectivamente. En un régimen democrático, nuestros representantes electos no pueden delegar en nadie esta responsabilidad colectiva.
Marcel Coderch. Ingeniero. Miembro del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña