Por un debate objetivo en torno a los 'windfall profits'
Son ya evidentes y cada vez más acuciantes las dificultades a las que se enfrenta el sector eléctrico español y que encuentran reflejo, entre otros, en el abultado déficit de tarifa. Ante esto, se ha acudido reiteradamente a cuestionar incluso los propios fundamentos del diseño de mercado para intentar encontrar en la rentabilidad de algunas tecnologías una fuente de recursos que ayude a mitigar el actual desequilibrio financiero. Sin embargo, habría que clarificar algunos aspectos para asegurar que el debate sea fructífero y que el análisis se construya sobre fundamentos apropiados.
Algunas críticas al sistema argumentan que la rentabilidad obtenida por las primeras unidades que entran al mercado, gran parte de la hidráulica y la nuclear, obtienen rentabilidades excesivas que no deberían ser legitimadas por el mercado, bajo el supuesto de que estas centrales están ya ampliamente amortizadas, lo que se conoce como windfall profits.
No obstante, la crítica central se sustenta en premisas manidas que son usadas a menudo con cierta demagogia y que desprestigian a un sector con ideas de fácil calado pero ciertamente alejadas de la realidad. Ante esto, hay que negar la mayor y es que, a pesar de lo que se repite con cierto ahínco, las centrales no están amortizadas. Un repaso a las cuentas financieras de las eléctricas permite comprobar que las hidroeléctricas tienen, de media, 27 años adicionales de vida útil económica mientras que las nucleares aún disponen de 15 años más para ser amortizadas por completo. Por tanto, asumir que estos generadores ya han sido amortizados cuando aproximadamente la mitad de las grandes centrales hidráulicas tienen una antigüedad inferior a 35 años (siendo su vida útil de 65) y cuando la mayor parte de las nucleares empezaron a operar en la década de los ochenta (teniendo una vida de 40 años), distorsiona enormemente los resultados y da lugar a conclusiones desacertadas.
Asimismo, estas centrales, con una relación entre costes fijos y variables considerablemente distinta a la de las unidades térmicas, también requieren de fuertes inversiones a lo largo de su vida útil. Estos costes, de gran magnitud, deben ser recuperados a través del margen obtenido en el mercado, que debe ser lo suficientemente amplio como para permitir recuperar la inversión y remunerar razonablemente al inversor. Derivado de lo anterior, es necesario reparar en la diferencia existente entre los ingresos unitarios y los absolutos, ya que la producción hidráulica, pese a obtener unos ingresos unitarios elevados, al funcionar relativamente pocas horas al año, obtiene unos ingresos absolutos menores ya que en esas pocas horas de funcionamiento debe recuperar tanto los costes variables como los fijos. Al mismo tiempo, una rentabilidad suficiente incentiva la inversión en la única tecnología renovable capaz de operar sin primas y que contribuye en gran medida a la consecución de los objetivos medioambientales.
Por tanto, hay que señalar que algunas de las críticas se han articulado en torno a una única hipótesis, la de que estas centrales están ya completamente amortizadas, demasiado reduccionista, que sesga todo el análisis. Pero al margen de estas consideraciones, lo que se abre es un debate de gran calado en el que se pone en duda la legitimidad del mercado para ofrecer una rentabilidad superior a aquellas tecnologías que consigan ser más eficientes. Estas reflexiones deberían realizarse con cautela puesto que la modificación del diseño actual para eliminar estas rentas podría afectar negativamente a los incentivos a la entrada de nuevos competidores y al desarrollo tecnológico. Se perjudicaría de esta forma tanto a la inversión como a la innovación ante la perspectiva de que cualquier rentabilidad por encima de cierto límite pueda ser considerada como ilegítima. Finalmente, si se implementaran medidas encaminadas a detraer estos beneficios, debería asegurarse, por coherencia, la compensación de la rentabilidad por debajo de un determinado umbral en otras tecnologías para no provocar ineficiencias en las decisiones de inversión.
Jordi Esteve. Director del departamento de Regulación y Competencia de Solchaga Recio & Asociados