Gobierno y agentes negocian ampliar el pacto a la política de empleo e industrial
Tras el aval de los agentes sociales a la reforma de las pensiones aprobada el viernes, Gobierno, sindicatos y CEOE se centran en la revisión de las políticas activas de empleo, la política industrial y energética y las ayudas a la I+D.
Misión cumplida. El Gobierno ha cerrado la semana aprobando un anteproyecto de ley de reforma de las pensiones consensuado con los agentes sociales. El principio de acuerdo se alcanzó a las cinco de la madrugada del viernes, apenas unas horas antes del Consejo de Ministros. Quedan aspectos por pulir, como qué coeficientes de reducción se aplicarán a las carreras de cotización, pero ya es seguro que el día 2 de febrero Ejecutivo, patronal y sindicatos firmarán oficialmente el acuerdo en pensiones.
Las partes coinciden en considerarlo la piedra de toque del resto de reformas que están por venir. De hecho, uno de los puntos del acuerdo implicó la apertura el mismo viernes de mesas de negociación sobre I+D+i, política industrial y energética y revisión de la función pública. Tanto el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, como los representantes sindicales, Fernando Lezcano (CC OO) y Javier Cubillo (UGT), confiaron en que se logre un consenso de manera rápida. "El acuerdo supone un impulso a las reformas, es bueno para apuntalar la confianza en nuestro país y, gracias al consenso del que goza, tiene papeletas de seguir adelante un gran pacto social", apuntó Rubalcaba. Superada la prueba del consenso social, la reforma de pensiones necesita ahora consenso político. "Es indispensable que el PP, por estar llamado a gobernar en algún momento, y el resto de los partidos se unan al proceso", espetó Lezcano en la rueda de prensa conjunta de los sindicatos. En este sentido, Rubalcaba aseguró que el Gobierno empezará el lunes a hablar con las fuerzas políticas, aunque "en algunos casos ya ha habido conversaciones", en referencia a CiU, PNV y CC. El calendario está claro. La reforma de las pensiones estará aprobada en el Congreso en junio, según Rubalcaba.
Tanto el vicepresidente como el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, destacaron la importancia de este acuerdo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones hasta 2050. Gómez rechazó que los cambios operados vayan a significar una bajada de la pensión media. "Cambiamos la ley para reducir el gasto total en pensiones de forma que no crezca de forma explosiva hasta tasas del 15% del PIB, alejadas de Europa", dijo. Gómez anunció también la intención del Gobierno de revisar las variables del sistema de pensiones cada cinco años a partir de 2027, para adaptarlas a la evolución de la esperanza de vida. La CEOE reveló, por su parte, que la reforma de pensiones recoge una revisión anual de las cotizaciones por bajas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El ministro de Trabajo valoró también la implicación de los sindicatos en la negociación de las políticas de empleo. Fruto de ello es la revisión que está estudiando el Ejecutivo en la ayuda que va a a sustituir a la de 426 euros a parados que han agotado su prestación. Esta nueva ayuda, que en principio iba a ser de 350 euros, podría elevarse al entorno de 400 euros, vinculada o no a periodos formativos.