Una semana sembrada de reformas necesarias
El Gobierno ha dado este viernes un paso que su presidente pensó que nunca tendría que dar. Ha aprobado una reforma del sistema de pensiones que, quiérase o no se quiera, recorta las prestaciones en el futuro, aunque de paso proporcione consistencia financiera al sistema para unos cuantos lustros. Aunque sus réditos tardarán en aparecer, puesto que su aplicación plena no llegará hasta 2027 con el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, es imprescindible para introducir racionalidad en el mecanismo de cálculo de la pensión y disciplinar a los cotizantes con la idea de que prestaciones razonables solo se logran con carreras de cotización y aportaciones razonables.
El Ejecutivo está excesivamente obsesionado con restablecer el equilibrio financiero que podría romperse dentro de 15 o 20 años en el sistema por la presión demográfica, y asegura que en ningún momento el gasto total en pensiones superará el 13% del PIB, ni siquiera en los años en los que las cohortes más numerosas de nacidos en el baby boom, a partir de 2030, lleguen a la edad de retiro. De hecho, si en 2008 los cálculos del Gobierno indicaban que no habría pérdida del equilibrio financiero hasta 2025, con la reforma tal umbral se retrasa, aunque no se especifica en cuánto tiempo.
Pero el flanco que financieramente sigue más débil es el corto y medio plazo, si bien Trabajo estima que el peor año para el sistema ha pasado ya (2010), en el que los ingresos por cotizaciones incluso descendieron. Aunque la transitoriedad de la ampliación del periodo de cómputo es relativamente acelerada, contabilizando ya los 25 años en 2022, y que es la variable que más efecto puede tener en las cuentas financieras de la Seguridad Social (exige más cotización y diluye la renta de retorno de quienes tienen bases de cotización más ricas en los últimos años de su carrera profesional) las dudas financieras no están en absoluto despejadas. Al menos eso es lo que trasciende de los escenarios de crecimiento de la economía y el empleo que dibujan todos los analistas y los organismos internacionales. La tabla de salvación, si fuese necesaria, será el fondo de reserva, que tendrá que reducir su capital para hacer frente a algunos de los pagos de pensiones seguramente más pronto de lo que los gestores de la Seguridad Social estimaban.
Pero uno de los valores de la reforma es la confianza que devuelve al mercado financiero sobre la solvencia de las finanzas públicas en el medio y largo plazo, y el efecto regenerador de la confianza de los agentes internos para recuperar la iniciativa de la inversión y el consumo. Aun así, no debe despreciarse tampoco el ejercicio de arrastre que produce tanto entre los agentes económicos y sociales como en los políticos para buscar acuerdos adicionales en materia económica y que son de importancia vital para recuperar la actividad, en la que los competidores de España están ya hace unos cuantos trimestres.
Los sindicatos han visto una pintiparada ocasión para subirse al consenso tras estar tres años a la intemperie de la confrontación pasiva, aquella en la que se está en desacuerdo con todo, pero con baja intensidad, y en la que no se aportan soluciones a la sociedad. Tras el acuerdo salarial de hace un año, logrado tras dos años contando desempleados, se aferran ahora a un pacto trascendental que debe ampliarse a otras materias, puesto que si se queda aislado tampoco tendrá el efecto multiplicador que se espera de él.
Una intensificación en la reestructuración del sistema financiero, que también se ha escenificado esta semana con el endurecimiento de las exigencias de capital y el establecimiento de un calendario para mejorar la solvencia por medios propios, y que ha culminado con el paso al frente dado por La Caixa, alojando en un banco cotizado todos sus activos financieros y aislando los adjudicados, convierte a la semana que termina en una de las más fructíferas en materia de reforma que se recuerdan. Pero no se debe parar aquí. La energía, la justicia, la determinación de los salarios, los ajustes en las causas de los despidos, el control de las finanzas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, etc., son materias que no pueden demorarse mucho más tiempo para no perder el oleaje de la recuperación en Europa.