El Estado luso prevé emitir entre 18.000 y 20.000 millones de deuda en 2011
El Instituto de Gestión de Tesorería y del Crédito Público (IGCP) informó hoy de que el Estado luso prevé una emisión bruta de Obligaciones del Tesoro (deuda a medio y largo plazo) por un montante de entre 18.000 y 20.000 millones de euros durante 2011.
El IGCP reveló que Portugal estima unas necesidades de financiación en torno a los 20.000 millones de euros, que prevé satisfacer a través de instrumentos de deuda a medio y largo plazo y la financiación líquida de corto plazo.
El Estado luso utilizará en mayor medida las Obligaciones del Tesoro, cuya emisión se divulgará oportunamente al mercado, aunque también se servirá de los Bonos del Tesoro -instrumento para financiarse a corto plazo- en sucesivas subastas durante el primer trimestre de 2011.
Portugal realizó en 2010 un total de 31 emisiones de Bonos del Tesoro, cuyo valor ascendió a 20.435 millones de euros, un 4% más que en el ejercicio anterior.
En la última emisión de Bonos del Tesoro, celebrada el pasado 15 de diciembre, el país emitió bonos con vencimiento a tres meses por valor de 500 millones de euros, por los que tendrá que pagar un interés del 3,40%.
Este valor es casi el doble al registrado en la anterior emisión a tres meses, realizada el pasado 3 de noviembre, cuando se colocaron otros 500 millones de euros a un interés del 1,81%.
Este anuncio de emisión de deuda ha motivado también una subida en los intereses de los bonos portugueses a diez años, utilizados como baremo de la confianza en la economía de un país y que subieron esta tarde 5,6 puntos base hasta los 6,656%.
La reciente penalización de la deuda pública lusa se atribuye a la desconfianza de los mercados sobre la situación financiera de Portugal y a las especulaciones de que pueda recurrir a un rescate europeo y del Fondo Monetario Internacional.
Ante esta situación, el Ejecutivo socialista luso se ha propuesto reducir el déficit en 2011 hasta el 4,6% con la aplicación de fuertes medidas de ajuste, entre ellas reducción de salarios de los funcionarios, aumento de las cargas impositivas y recortes en la inversión y los gastos públicos.
No obstante, estas iniciativas no han acabado de convencer a las agencias de calificación de riesgo y Fitch rebajó la semana pasada la nota del Estado portugués, al que mantiene además en perspectiva negativa, por las difíciles condiciones de financiación que afronta y la lentitud en la reducción de su déficit fiscal.