COLUMNA

Las cosas importantes

En un principio, allá por finales de 2007 y mediados de 2008, el Gobierno negó de manera reiterada que la crisis hubiera empezado; eso solo le sucedía a otros países; a nosotros nos ocurría un ligero decaimiento. Sería entrado 2009 cuando el Gobierno empezó a reconocer que la crisis financiera mundial afectaba también a España, y se unía a la crisis propia derivada de la construcción de viviendas, amplificando, así, los efectos sobre nuestra economía.

Cuando reconoció la crisis, se equivocó también en su diagnóstico, creyó que era una crisis de demanda y no lo que era, una crisis estructural. Las medidas adoptadas solo sirvieron para abrir la compuerta del déficit público, que a fines de 2009 alcanzó el 11,3% del producto interior bruto (PIB), cuando a finales de 2007 las cuentas públicas tenían un superávit superior al 2%. El salto fue mortal para nuestra economía y así nos encontramos inmersos en el hoyo sin tener certeza de lo que hay que hacer.

El primer problema es consolidar el saneamiento del sector financiero. Creo que la supervisión que ha realizado y sigue realizando el Banco de España y las fusiones de cajas de ahorros que se están realizando pueden darnos tranquilidad sobre la sanidad de las entidades financieras. Siempre he dicho que en España hay dos instituciones en las que se puede confiar: la Corona y el Banco de España. La prueba la tenemos en la fortaleza que ha mostrado nuestro sistema financiero ante las grandes convulsiones y la crisis que a nivel mundial ha afectado al sector.

La reforma laboral es un tema que el Gobierno ha tenido la valentía de abordar, pero que ha quedado sin cerrar de manera eficiente, como lo muestra el casi nulo efecto que ha tenido sobre la generación por los empresarios de ofertas de trabajo. Con más de cuatro millones de parados y una economía con crecimiento negativo, la Ley de Reforma Laboral no parece haber removido los pilares en los que se asienta el paro. Las regulaciones del mercado de trabajo han llevado a un crecimiento de los costes laborales unitarios por encima de la productividad y de la media europea, así como a la rigidez de salarios reales, lo cual ha venido condicionando la inflación diferencial en relación con la Unión Europea, el nivel de ocupación y la competitividad de nuestra economía.

La estructura de la negociación colectiva vulnera el principio de equidad, ya que trata igual a los desiguales. La negociación colectiva de los salarios está en España totalmente centralizada; la cúpula empresarial y sindical se reúnen y acuerdan las tasas de crecimiento de los salarios para el año siguiente como tasa mínima que debe ser aplicada por todas las empresas. Tal sistema vulnera también el principio de eficiencia ya que en época de crisis da lugar al cierre de miles de empresas. Los trabajadores prefieren tener seguro el puesto de trabajo sacrificando un aumento de salarios que pasar al paro.

El sistema de pensiones públicas contributivas es otro de los problemas que tenemos sobre la mesa y que ningún partido político se atreve a abordar. La falta absoluta de proporcionalidad, al introducir el principio de solidaridad por razones políticas ha llevado al sistema a tasas de sustitución entre el último salario de activo y el importe de la pensión del primer año que lo hace inviable. En el entorno de 2015-17 el sistema podría entrar en desequilibrio.

La reforma para hacerlo viable debería consistir en: (i) alargar la edad de jubilación forzosa a los 70 años, (ii) la base reguladora para calcular la pensión se extendería a todo el periodo contributivo, (iii) el porcentaje que ha de aplicarse a la base reguladora para calcular la pensión sería proporcional al número de años cotizados, (iv) todos los regímenes de la Seguridad Social deben tener la misma presión contributiva y (v) supresión de las jubilaciones anticipadas.

Por último, la financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos crea grandes problemas pendientes de resolver; cada año el porcentaje del total de ingresos públicos a favor de dichas instituciones ha ido aumentando paulatinamente. Las competencias del Estado son cada vez menores y la eficiencia en la producción de los servicios públicos por las tres Administraciones se ha ido deteriorando.

De este tema, tan complejo y extenso, ya he hablado; no obstante, seguiré haciéndolo en el futuro.

Para cerrar el tema diré que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben respetar el artículo 104 del Texto Consolidado de la Unión Europea, que establece la obligación de evitar los déficits excesivos, y el artículo 103, que señala que ni la Comunidad Europea, ni los Estados miembros asumirán o responderán de las deudas en que haya incurrido algún Estado miembro, con lo que se garantiza que si un país decide aplicar una política fiscal no saneada, el incremento de la prima de riesgo resultante recaerá exclusivamente sobre la deuda del citado país, no afectando a la deuda de los restantes países.

La crisis global ha puesto en evidencia que existen importantes lagunas en el pacto de estabilidad y crecimiento para promover el mantenimiento de una política fiscal disciplinada, y que es necesario extender la supervisión más allá de las cuentas públicas.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid