Competitividad y financiación de pymes
Se acaba de publicar el informe sobre competitividad del World Economic Forum para el ejercicio 2010-2011, que dirige Xavier Sala i Martín. Son muchas las cuestiones que podemos destacar de este informe, pero voy a mencionar solo dos:
l España pierde nueve puestos, desde el 33 al 42. En el pasado ejercicio ya perdió otros 4. Esta tónica de pérdida de competitividad se ha producido desde 2004, en el que ocupábamos el puesto 23, lo que ocurría desde hacía algunos años. Ninguna economía desarrollada, de las que el informe califica en el máximo nivel, ha perdido 19 puestos en solo seis años.
l La escasa importancia en prensa del informe, con unos resultados bastante demoledores para la economía y, sobre todo, la política económica española.
Los encuestados manifiestan su visión sobre doce puntos. El peor de ellos y el único que ha tenido repercusión es la eficiencia del mercado laboral, donde España ocupa un ridículo puesto 115. Ahora bien, este elemento siempre ha ocupado posiciones desastrosas. Si buscamos tendencias y comparamos el informe del ejercicio 2010-2011 con el de hace dos años los baremos que más han empeorado han sido entorno macroeconómico, con una pérdida de 36 puestos, eficiencia de los mercados de bienes, con 21, y desarrollo del sistema financiero con 20 puestos
De estos tres puntos, que marcan en gran medida la pérdida de competitividad española de 13 puestos, vamos a centrarnos en el tercero, que está íntimamente relacionado con el primero.
El creciente endeudamiento del sector público, compitiendo con ventaja con el sector empresarial y la crisis de las cajas de ahorros están detrás de este empeoramiento, que lo podemos resumir en la crisis del crédito: el crédito no llega a las empresas, que son las que generan riqueza, lo que se traduce en pérdida de competitividad y empobrecimiento general.
En los últimos meses hemos visto el inicio de un intenso proceso de reforma del sistema financiero español, que ha afectado a más de la mitad de las cajas de ahorros, que bajo la fórmula de fusiones han accedido a recursos públicos en forma de capital. Teniendo en cuenta que el sector cajas supone la mitad de nuestro sistema bancario, la pretendida excelencia de nuestro sistema financiero ha demostrado no ser cierta y puede que este proceso se haya realizado con dos años de retraso.
Desde la caída de Lehman Brothers los mercados mayoristas de liquidez han desaparecido prácticamente para las entidades financieras españolas. Afortunadamente, el Banco Central Europeo abrió el grifo de la liquidez, al que acudieron masivamente nuestros bancos y cajas. Desde la publicación de los test de estrés se ha producido una cierta mejora, habiéndose colocado emisiones a medio plazo de cédulas hipotecarias.
Llevamos dos años de sequía de crédito. Con este panorama, nuestras entidades de crédito intentan casar los plazos de su activo y pasivo, sin atreverse a realizar su función natural de transformación de plazo, dada la precariedad de sus fuentes de financiación. De esta forma, se ha conocido que el 80 % del crédito a más de tres años y por un importe de menos de un millón de euros, es decir, el crédito a medio plazo a las pymes, se ha financiado por el ICO.
En esta situación, la inversión empresarial queda tremendamente limitada, justificando esa pérdida de competitividad que manifiestan los encuestados del World Economic Forum. Es imprescindible recuperar el crédito a medio plazo y el ICO es claramente insuficiente.
Por todo ello, no parece muy coherente limitar el reaseguro a las Sociedades de Garantía Recíproca, verdaderas especialistas en apoyar la financiación a medio y largo plazo a las pymes. Efectivamente, en este ejercicio 2010 el incremento para fallidos es claramente insuficiente y no está de acorde ni con el incremento de actividad ni con el de morosidad de las Sociedades de Garantía Recíproca. Así, han disminuido en términos relativos las aportaciones a la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), organismo dependiente del ICO y de Patrimonio, con lo que no ha tenido más remedio que reducir la cuantía reavalada mediante la imposición de un coste al reaval, antes gratuito, según la morosidad soportada por la SGR.
No parece, en definitiva, que precisamente en estos momentos, donde el papel de las SGR es más importante y creciente en el sistema financiero, el reafianzamiento del Estado no esté en consonancia con el mismo. Todo lo que sea reducir las posibilidades de financiación de la inversión empresarial no solo nos aleja de la recuperación en el tiempo sino que, además, implica una pérdida estructural de la competitividad de nuestra economía.
Juan Manuel Santos-Suárez. Presidente de Avalmadrid SGR