Bosques a cambio de solvencia
Reino Unido abre la veda a la venta de terrenos públicos para reducir el déficit.
El Gobierno de David Cameron sigue decidido a emplear todos los recursos disponibles para reducir el déficit público. El tijeretazo al sector público ascenderá a 21.600 millones de euros, según ha anunciado el ejecutivo. Tras el aumento de las tasas universitarias, el adelgazamiento del Ejército, el endurecimiento de las condiciones para acceder a una vivienda de protección oficial y el alargamiento de la vida laboral hasta los 66 años, ahora se suma la venta de algunos de los bosques más emblemáticos del país.
El diario The Sunday Telegraph avanzó esta semana que la ministra de Medio Ambiente británica, Caroline Spelman, anunciará en breve un plan para prescindir de la mitad de las 748.000 hectáreas de bosques que dependen de la Comisión Forestal.
Dicho diario avanza que la legislación por la que se rige la gestión de los bosques más antiguos, como el de Sherwood -donde el héroe popular Robin Hood se escondía-, quedará modificada para que las empresas privadas puedan disponer de los árboles, lo que incluye la posibilidad de talarlos.
En España no sólo no se venden terrenos, sino que el Estado compra espacios al sector privado
Pese a que el Gobierno insiste en que en muchos casos se trata de poner los bosques en manos de organizaciones no gubernamentales o de comunidades locales para que los gestionen directamente, los sindicatos consideran la medida una restricción del acceso público a los espacios forestales.
Pero el margen para negociar desde dentro del Gobierno es estrecho, ya que el Ministerio de Medio Ambiente ha sido uno de los más tocados por el plan de reducción de déficit que el Ejecutivo anunció la semana pasada. El presupuesto de este departamento se reducirá hasta un 30%.
¿Sería posible adoptar una medida parecida en España? La venta de recursos públicos es recurrente en momentos de estrangulamiento económico. En el punto álgido de la crisis griega, algunas voces en Alemania instaron a Grecia a vender parte de sus islas.
En España, las desamortizaciones realizadas en el siglo XIX han vuelto al imaginario colectivo a raíz del órdago británico lanzado el pasado verano, aunque no ha sido hasta ahora cuando Londres ha querido aplicar el recorte.
Pero ni el Gobierno ni el sector forestal en España ven rentable una decisión que pareció susurrar el ex ministro de Agricultura Jaime Lamo de Espinosa.
Para los ingenieros, "una desamortización sería más desastrosa para la naturaleza y los montes españoles", según ha explicado a Europa Press el secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, Santiago de la Calle.
Resulta difícil medir el valor económico de un espacio natural. Al coste del terreno hay que añadir su papel en la regulación del ciclo hidrológico, la calidad de las aguas, el tipo de erosión, el valor como sumidero de carbono y mitigador del cambio climático, el valor recreativo, turístico, etcétera.
Otro factor por el que la medida de Reino Unido no calaría en España, según los ecologistas, es que, de no disponer de permiso de construcción o de explotación de una empresa maderera, las manos privadas apenas se interesarían por terrenos que sólo pueden ser utilizados como cotos de caza, campos de golf o espacios recreativos.
Un 54% de la superficie de España es masa forestal, y el 13% es de utilidad pública, un total de 6.577.965 hectáreas.
Pero el Estado no sólo no vende, sino que se dedica a comprar cuanto puede. Su objetivo es alcanzar la titularidad de al menos el 50% de las zonas declaradas como parque nacional. De todas formas, de seguir un argumento estrictamente económico para vender bosques de uso público, la conclusión sería la misma: no merecería la pena porque los bosques no son rentables. Muchos operadores de superficies forestales en España reconocen que no venderían los terrenos por la escasa rentabilidad.
En definitiva, poner un candado a los terrenos públicos para uso privado ahorraría como mucho dos años de preocupaciones presupuestarias, según explican los ecologistas. Pero a cambio, se perdería para siempre patrimonio público cuyo valor supera con creces el económico.
Sin objetivo claro para proteger la biodiversidad
Este mes ha arrancado en Nagoya (centro de Japón) la cumbre de la diversidad biológica, con organismos internacionales, Gobiernos y organizaciones no gubernamentales de 193 países.La cita pretende alcanzar objetivos claves a escala internacional para proteger la maltrecha biodiversidad del planeta, amenazada cuando ni siquiera se conocen todas las especies que pueblan la Tierra.Tras los primeros tanteos en las negociaciones, las voces ecologistas reclaman que aún no se han resuelto muchos de los asuntos más espinosos, como la protección de los bosques, las medidas para detener la pérdida de los hábitats y áreas protegidas y la cuestión de la financiación.En concreto, y como pasa en las negociaciones sobre cambio climático, los países en desarrollo rechazan alcanzar objetivos sobre conservación de los hábitats hasta que no se alcancen fuertes compromisos sobre la financiación. La cumbre espera concluir con un plan de 20 puntos concretos.
Las cifras
13% de la superficie de masa forestal en España es de utilidad pública, frente al 54% total de superficie de uso privado.50% de las zonas declaradas como parques nacionales en España aspira a titularizar el Gobierno.21.600 millones de euros de gasto público recortará Reino Unido.