TRIBUNA

Austeridad, cohesión y reformas

La crisis económica y financiera ha ocasionado graves consecuencias en la actividad económica de las Administraciones públicas. Entre 2007 y 2009 los ingresos públicos cayeron 6,5 puntos en relación con el PIB. Mientras que los gastos aumentaron algo más: 6,6 puntos. El saldo dejó de tener un superávit para registrar un déficit público superior al 11%. La cuantía del mismo es tan considerable, que no se puede permanecer indiferente ante la misma.

Partiendo de estos datos, permítanme que pregunte, si hubiera podido realizarse una política económica diferente a la que ha llevado a cabo el Gobierno de España, ¿qué consecuencias se habrían derivado en el supuesto de que este hubiera optado por permitir una caída libre de la actividad? ¿O qué habría ocurrido si se hubiera empujado a la economía hacia abajo con medidas procíclicas? Las respuestas a semejantes interrogantes, son precisas: en lugar de salir de la recesión, habríamos caído de hoz y coz en una depresión.

Por tanto, gracias a la actuación de los Gobiernos de las naciones avanzadas, y entre ellos el Gobierno de España, se ha evitado un desenlace fatal que hubiera podido llevarnos hacía un cataclismo similar al que ocurrió hace 80 años.

Una de las manifestaciones, aunque no la única de la situación que vivimos, es el elevado endeudamiento, que ha ido alcanzándose en estas sociedades. Convendría recordar que antes de iniciarse la crisis, quienes se habían endeudado, eran las familias y las empresas y que ahora quienes han entrado por esos derroteros han sido los Estados.

Sumando la deuda privada y la deuda pública se ve que hemos llegado a un punto en el que los volúmenes de endeudamiento han hecho aparecer grandes incertidumbres que se dejaron notar con fuerza durante los meses de abril, mayo y junio. Desde ese trimestre, la cuestión de la confianza en los mercados mayoristas de capital, ha ido adquiriendo una notable relevancia. Aquellos títulos, los públicos, que habitualmente proporcionaban seguridad, pasaron a ser objeto de creciente especulación, tras la que se escondían dudas sobre la solvencia de las cuentas públicas.

Los Gobiernos se vieron ante un tipo de problemas que no habían tenido antes. Decidieron afrontar la situación desde la Unión Europea, pero a la vez que actuaron conjuntamente, cada uno en ellos utilizó los resortes que disponían en su nación. Por primera vez, ante la magnitud de los problemas que se estaban presentando, los contribuyentes de la zona euro pasaron a avalar solidariamente los riesgos presupuestarios de los Estados miembros de la misma.

Adoptaron una estrategia: había que corregir semejante desequilibrio. En nuestro caso, optamos por una política económica que se apoyara en un trébede: austeridad, cohesión y reformas estructurales.

Un despliegue diferente al que desde el G-20 se había recomendado a penas un año antes. Al enfatizar estas orientaciones aparece una cuestión que tiene una gran importancia: han variado los mercados la opinión que tenían sobre la política del Gobierno de España. Los hechos demuestran que sí. Los datos que vamos conociendo señalan que nos hemos ido alejando del grupo débil de economías europeas que padecen graves dificultades. Con esfuerzo y con tesón hemos puesto tierra de por medio. Las pujas de la deuda pública española celebrada en las últimas semanas evidencian que hemos abandonado el furgón de cola en el que van los competidores comunitarios.

Por tanto, lo que venimos haciendo está produciendo resultados satisfactorios. Esa orientación continúa en los PGE 2011, donde se materializa una parte considerable de nuestra política. Reducen el gasto público respecto de las dotaciones del ejercicio anterior. Mantienen el peso de las políticas de bienestar, explicitando unas preferencias políticas típicas de los Gobiernos de izquierda y van avanzando en la corrección de una parte notable de los fallos que la crisis hizo aflorar de manera muy evidente en el sistema económico.

España está luchando por mantener la confianza de los inversores gracias al buen resultado obtenido por la publicación de las pruebas de resistencia, por las reformas que está introduciendo y por que está siendo capaz de cumplir los compromisos de reducción del déficit público. Esta tarea es complicada, la valoración que se haga de la misma está condicionada por las actuaciones que se lleven a cabo. Dicho con claridad, es la acción la que proporciona confianza y no otra cosa. Son las reformas adecuadas y justas las que nos permitieran obtener un mayor margen de confianza. Porque siguen esa estela, los PGE para el 2011 son los necesarios para que la orientación que se ha adoptado permita encontrar la salida a esta crisis.

Francisco Fernández Marugán. Diputado del PSOE por Badajoz