Disciplina y liderazgo
El Gobierno ha entregado a las Cortes su propuesta de presupuestos para el complejo 2011. El Ejecutivo se ha visto conducido a impulsar unos presupuestos contractivos a la vista de la inestabilidad de los mercados de deuda y de las recomendaciones de política fiscal de la Comisión Europea. Sin duda, la presión de los mercados parece tener mayor potencia coercitiva que todas las recomendaciones de las instituciones comunitarias juntas. En todo caso, el Gobierno comparece en el Congreso con unos presupuestos centrados casi en exclusiva en la reducción del déficit confiando en la fortaleza de los potenciales efectos no keynesianos del proceso de consolidación fiscal.
Los presupuestos parten de unas estimaciones de crecimiento nominal por encima de las previsiones de mercado. El Ejecutivo espera un incremento del PIB nominal en 2011 del 2,6%, toda vez que el resto de analistas privados y públicos sitúan tal dato en torno al 1,1%. Esta divergencia tendría un impacto directo sobre las cuentas públicas de tal modo que el saldo primario podría cerrar el año con un punto adicional de déficit (4,3% del PIB) sobre la previsión del Gobierno. Además, el incremento de la deuda se podría elevar por encima del 70% del PIB, mientras el Gobierno adelanta una ratio del 68,5%, incrementado a su vez la carga del servicio de la deuda para los siguientes ejercicios lo que compromete el cumplimiento del Programa de Estabilidad hasta 2013.
Así pues, la primera valoración de estos presupuestos debería centrarse en la incertidumbre que acecha sobre el cumplimiento de los objetivos fiscales ante la optimista previsión de crecimiento del Gobierno. Bien es cierto, que este ejercicio se cerrará con una contracción del PIB más cerca de las previsiones del Ejecutivo que de las elaboradas por los analistas el pasado año pero, en todo caso, el principio de prudencia debería llevar al sector público a un control adicional del gasto no financiero.
El Gobierno tiene encima de la mesa potenciales reformas adicionales para la rebaja de los gastos que debería considerar en los próximos meses. Es urgente también la mejora de la negociación multilateral con las comunidades autónomas para rebajar aún más los gastos y contribuir así al cumplimiento del objetivo de déficit, aún cuando la economía no alcance las estimaciones gubernamentales de crecimiento. No deberíamos descartar incrementos adicionales de la tributación directa e indirecta.
Sin duda, tras este debate está la incertidumbre sobre evolución de la deuda pública y las futuras emisiones para el próximo año. El fuerte recorte del gasto programado en la revisión del Programa de Estabilidad de la pasada primavera junto al impulso de nuevas reformas han reducido la volatilidad de la cotización de la deuda pública y han permitido iniciar un periodo, aún tentativo, pero que podría permitir ganar margen de maniobra en la gestión de la política fiscal. Aún así, la estabilidad de las últimas semanas no está asegurada para siempre. Sólo queda insistir en la disciplina fiscal y en las reformas estructurales orientadas a potenciar los efectos no keynesianos del proceso de consolidación. La reforma financiera y la laboral han sido claves. El resto están bien orientadas y ahora necesitamos el coraje institucional para seguir enfrentándolas y explicándolas.
Jonás Fernández. Director del Servicio de Estudios d Solchaga Recio & asociados