Vacuna contra el riesgo derivado

A veces un simple dato justifica toda una iniciativa legislativa. Es el caso del proyecto de reglamento que la Comisión Europea tiene previsto aprobar pasado mañana para obligar a que la mayoría de los derivados financieros se negocien a través de una cámara de contrapartida (MEFF en el caso de España). El documento recuerda en uno de sus anexos el coste de una crisis financiera, que relaciona directamente con la actual ausencia de control sobre ese opaco mercado: los 226.000 millones de euros de capital directo (el 1,9% del PIB de la Unión Europea) que ha sido necesario inyectar para mantener en pie un sector financiero devastado por el colapso de unos contratos bilaterales que llevaban asociado un riesgo mucho mayor de lo estimado.

Este reglamento comunitario no se propone terminar con unas transacciones que resultan imprescindibles para la actividad comercial y financiera de las empresas y bancos de este siglo. Pero pretende que la mayoría de esos contratos se realicen con conocimiento de los supervisores y con un respaldo de capital proporcional a la envergadura del riesgo que implican. La nueva norma quizá encarezca ligeramente el coste de las operaciones. Pero puede evitar que dentro de unos años los Estados se encuentren ante una nueva factura abisal.