Asignaturas energéticas para el nuevo curso

Como un estudiante mal aplicado, el Ministerio de Industria tiene muchas asignaturas pendientes en el ámbito energético de las que se debe examinar a partir de septiembre. Las más urgentes: tomar una decisión sobre la regulación de las plantas fotovoltaicas en funcionamiento; escenificar la ruptura del pacto energético con el Partido Popular e intentar titulizar el déficit tarifario.

El paquete regulatorio sobre energía fotovoltaica que, en pleno inicio de las vacaciones de agosto, el ministerio remitió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y que ésta debe dictaminar en las primeras semanas de septiembre, incluye un recorte de hasta el 35% para las primas de las instalaciones fotovoltaicas que se pongan en marcha en el futuro, así como una norma para regularizar el fraude en este sector.

Dado que existen cupos anuales de unos 400 MW hasta 2020 para instalaciones en suelo y techo y que las ansias inversoras se han desinflado (debido a la incertidumbre sobre la regulación y a las correspondientes dificultades para financiar los proyectos), los recortes no aliviarán el peso de las actuales primas en la tarifa. Pero tampoco las penalizaciones por el fraude. Pese a que las plantas irregulares son más de 3.000, el incentivo no se les va a retirar de entrada, sino que pueden acogerse a una amnistía con la que pasarán a cobrar una tarifa menor.

Fotovoltaicas, pacto energético y titulización del déficit son algunos asuntos pendientes

Industria, que anunció el primer domingo de agosto su paquete de medidas, ha dejado en el aire el espinoso asunto de la retribución las renovables y se desconoce si retomará o no las negociaciones con las asociaciones de empresas fotovoltaicas para un recorte sobre las horas de funcionamiento con derecho a subvención. Hasta ahora, dichas negociaciones han resultado vanas y, de hecho, el paquete de medidas se aprobó, finalmente, por decreto. Las empresas deben preparar en agosto las alegaciones que enviarán al consejo consultivo de la electricidad, cuyo plazo termina el 1 de septiembre.

Pero, con ser una parte del problema, los costes de las demonizadas primas fotovoltaicas no son los únicos que hipotecan la deficitaria tarifa. Dentro de un pacto con el Partido Popular (al que sólo le falta el acta de defunción) o, al margen de dicho partido, el Gobierno debe abordar una revisión del mecanismo tarifario, pues hace aguas por varios flancos.

Además de las primas, hay quien reclama una revisión del nuevo sistema de suministro de último recurso que impide liquidar la energía, con lo que los márgenes de las empresas que antes iban al sistema y compensaban el déficit, ahora se quedan en el cajón de las compañías. El precio de la energía se fija en unas subastas (manifiestamente mejorables, más allá de la periodicidad que Industria ha reducido) denominadas Cesur.

Otras soluciones para atajar el déficit, y que forman parte de los muchos debates abiertos (en el Congreso o en la CNE) es poner coto a los windfall profit que reciben la nuclear y la hidráulica; revisar la regulación de los sistemas extrapeninsulares (otro cajón sin fondo) o proceder a la subasta de los megavatios renovables que se instalen a partir de ahora. Y, en el caso improbable de que no hayan prescrito, liquidar con las empresas los incentivos de los CTC. Este mecanismo se cerró en falso cuando las empresas habían cobrado 3.000 millones de euros de más, según los cálculos de la CNE.

Sea como fuere, los derechos de cobro del déficit de tarifa que tienen las grandes eléctricas es de 14.600 millones de euros. La ley establece que dicho déficit se colocará en el mercado con el aval del Estado previa cesión de los derechos a un fondo gestionado bajo el control del Gobierno.

Los trámites para la titulización ya estaban muy avanzados a finales de julio y, de hecho, las empresas esperaban remitir el folleto con las condiciones de la emisión (incluida una calificación provisional de las agencias de rating) antes del 31 de ese mes.

Pese a las reticencias del Banco de España y la Dirección General del Tesoro por la competencia que este producto hará a la propia Deuda del Estado, las empresas confían en que se puedan realizar colocaciones parciales de esa deuda antes de finales de año. "Si la primera fracasa, será para preocuparse seriamente", aseguran fuentes del sector, que no dudan en que se intente una primera colocación de unos mil millones en otoño.

El buen resultado de la última emisión de bonos por 3.500 millones a un tipo de interés inferior a la emisión anterior al 2,3%, ha animado a las empresas.

Empresas

En el ámbito corporativo, y una vez que Gas Natural Fenosa presentara a finales de julio un plan estratégico que no ha convencido al mercado por incluir inversiones poco creíbles (entre 9.000 y 13.000 millones), podrían continuar los planes imparables de desinversiones de Endesa y, en el caso opuesto, de expansión de Hidrocantábrico.

Y quedaría la incógnita de los pleitos entre ACS e Iberdrola. Antes de fin de año podría haber sentencia sobre la impugnación de la junta de la eléctrica por parte de ACS. De serle favorable, la constructora podría sentarse al fin en el consejo de Iberdrola, a lo que su presidente, Ignacio Sánchez Galán, se ha negado en rotundo, pues la considera una primera maniobra para una incursión de mayor calado.