El principal accionista luso de PT pide una solución para la venta de Vivo a Telefónica
El principal accionista nacional de Portugal Telecom (PT), el Banco Espírito Santo (BES), se mostró ayer a favor de encontrar una solución "rápida" para la venta de la brasileña Vivo a Telefónica que evite los tribunales.
El presidente del BES, Ricardo Salgado, recordó en declaraciones a los periodistas que "el Estado tiene la llave de la cuestión", en alusión a la acción de oro en Portugal Telecom con la que el Gobierno luso impidió el pasado día 30 de junio que PT vendiera a Telefónica su 30% de Vivo.
Salgado considera que "PT debe invertir en Brasil" y su institución está dispuesta a apoyar esa inversión, que puede ser en la operadora Oi o en otra, señaló. Oi es la cuarta operadora móvil del país suramericano con una cuota de mercado del 20% frente a algo más del 30% que tiene Vivo, líder en ese segmento.
Pero la solución a la venta de Vivo "debe producirse rápidamente; es muy malo ir a los tribunales", agregó Salgado, para quien un pleito por causa de Vivo es perjudicial para todos, "principalmente para los accionistas de PT y de Telefónica".
El directivo del BES destacó el "grandísimo potencial" que la brasileña Oi puede significar para PT en el caso de que venda su participación en Vivo, pero puntualizó que si no es en esa compañía, la operadora lusa puede encontrar otras alternativas de inversión en el país suramericano.
El presidente del BES se mostró confiado en que si PT mantiene su presencia en Brasil, como desea el Estado luso, el Gobierno estará de acuerdo con la venta a Telefónica del 30% de Vivo.
El BES es el principal accionista luso de Portugal Telecom, con una participación del 7,99%, y espera, en materia de reinversión en Brasil, que "una de las alternativas se materialice rápidamente". Salgado recordó que el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, "reafirmó que quiere a PT en Brasil".
Las negociaciones sobre Vivo se interrumpieron cuando PT pidió sin éxito el 16 de julio a Telefónica una prórroga en la propuesta de 7.150 millones de euros para hacerse con el control de la compañía brasileña de móviles, que expiró ese día sin superar el bloqueo a la operación por parte del Gobierno portugués.