El primer tropiezo de Almunia en Competencia

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, sólo lleva cinco meses en el cargo y aún es pronto para saber qué expediente le permitirá dejar su huella en el departamento. Pero ya ha quedado claro que su primer tropiezo ha sido con algo tan poco sofisticado como el carbón.

Su predecesora Neelie Kroes (2004-2010) logró, por ejemplo, la victoria contra Microsoft. Y Boeing y Honeywell no olvidarán el veto a su fusión del comisario Mario Monti (1999-2004).

Más de un enemigo de Google intenta que el de Bilbao emule a Kroes o Monti y libre una batalla con el gigante buscador. Y mientras el actual comisario sopesa si merece la pena embarcarse en un conflicto de tamañas proporciones, ya ha comprobado que una cartera tan poderosa como la de Competencia también se presta a inesperados patinazos con los expedientes de menos relumbrón.

Almunia ha catado ya las hieles del cargo por culpa de un real decreto del Gobierno español tan poco sexy como el que "crea el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro".

La primera versión de la medida ideada por el Ministerio de Industria para terminar con los excedentes del carbón español se aprobó el 12 de febrero. Como si fuera una señal del destino, ese mismo día Almunia asumió la cartera de Competencia.

Y una de las primeras tareas del nuevo comisario fue obligar al ministro Miguel Sebastián a podar el real decreto, que incluía ramas aparentemente ilegales como las llamadas "ayudas a la víctima de las ayudas". Es decir, los subsidios previstos para la producción eléctrica que se viera desplazada por la introducción en el sistema de electricidad producida con el carbón subvencionado.

Madrid aceptó el cambio y Bruselas parecía dispuesta a dar el visto bueno a una norma que, según sus defensores, se acoge a la directiva europea que por razones de seguridad energética permite cubrir hasta un 15% de las necesidades del mercado con energía producida con fuentes autóctonas.

El propio Servicio Jurídico de la Comisión avaló esa tesis. Y a Almunia sólo le quedaba poner el sello de aprobado al decreto y marcharse de vacaciones durante el mes de agosto.

La segunda parte de esa secuencia se ha cumplido. Pero sobre la mesa del comisario, esperando una decisión final, se ha quedado el polémico expediente sobre el carbón español.

Almunia no ha logrado superar la resistencia interna y externa para dar el visto bueno al plan de Sebastián.

En el seno de la Comisión se ha topado, sobre todo, con su homólogo de Energía, el alemán Gunther Oettinger, quien, según las fuentes consultadas, ha asumido el rechazo al decreto que preconizan las eléctricas y gasísticas españolas.

Fuentes muy familiarizadas con los entresijos comunitarios recuerdan que Oettinger cuenta, además, con el británico Philip Lowe como director general de su departamento. Lowe ocupaba hasta hace unos meses el mismo puesto en la Dirección General de Competencia, y no parece compartir la complacencia de su antiguo departamento con las ayudas de estado al carbón.

Pero el verdadero asedio al decreto se ha ejercido desde fuera del Berlaymont, la sede de la Comisión Europea en Bruselas. "Todas las eléctricas españolas están en contra de la medida", subraya un representante del sector tras constatar con satisfacción que la Comisión renunció in extremis el pasado 19 de julio a dar su veredicto sobre el decreto que obligará a esas compañías a dar prioridad al carbón subvencionado.

Las eléctricas y las gasísticas han movilizado todos sus recursos disponibles en Bruselas para evitar ese objetivo del Gobierno. Ahora confían en que tras el receso de comunitario de agosto, Almunia se vea obligado a abrir una investigación en profundidad sobre el decreto, lo que permitiría presentar alegaciones y aplazar su entrada en vigor. Fuentes del sector reconocen, sin embargo, que ese objetivo aún no se ha logrado.

Quizá por eso la campaña ha arreciado. Sobre todo, después de que Madrid y Bruselas hubieran precocinado el texto definitivo del decreto para que pudiera superar el examen comunitario.

Los argumentos en contra de la norma han ido ampliándose. De entrada, se negó el derecho de España a invocar la seguridad del suministro, cuando es un país que exporta electricidad. Curiosamente, la tesis del excedente la han esgrimido los mismos lobbies que a menudo resaltan la dependencia energética de España para defender la necesidad de producir más electricidad de origen nuclear.

Pronto se vio que esa vía no bastaba. Llegó el momento, entonces de los argumentos medioambientales y de mercado interior. Los primeros resaltan la incongruencia de fomentar el consumo de carbón en un momento en que la Unión Europea se propone reducir sus emisiones de CO2.

Los segundos aluden a la discriminación que el Decreto supone para el carbón procedente de oros países comunitarios, que n ose beneficiaría de la ayuda. "Lo cierto es que España no importa carbón de ningún país de la Unión Europea", señala un especialista en la materia. "Pero en esta batalla todo vale".

Y eso que parecía un caso menor para todo un comisario de Competencia.