La salida fácil
Parece existir un cierto consenso, al menos en Europa, sobre la necesidad de que la banca devuelva las ayudas que ha recibido y que, por lo menos en algunos países, son responsables en buena medida del desbocamiento del déficit público. En román paladino, también aquí se habla de subir o crear impuestos. Lo que quedaría por discutir es la forma que puede adoptar ese nuevo gravamen: desde un impuesto adicional sobre los beneficios hasta una tasa Tobin, es decir, una carga sobre las operaciones, especialmente las de derivados.
Es fácil ponerse en la piel de los atribulados ministros de Hacienda y, por tanto, no cuesta mucho entender el atractivo que tienen estas nuevas perspectivas de ingresos para las arcas públicas. Con la incuestionable ventaja de ser políticamente correctas, e incluso imperativas cuando, al mismo tiempo, se eleva el esfuerzo exigido a los sectores más débiles de la sociedad. No es nada descartable, por tanto, que la iniciativa tenga éxito, porque los defensores de la idea de que una subida de impuestos pueda no ser la fórmula ideal para atacar el déficit, acantonados ya en Estados Unidos, llevan las de perder. Pero aún se puede discrepar.
A mi juicio, hay que partir de que la idea-fuerza que subyace al debate, esto es, la idea de una banca culpable que ha tenido que ser rescatada con dinero del contribuyente y que debe devolver lo recibido es una verdad a medias. Por supuesto que ha habido banqueros que han hecho mal su trabajo. Pero, en primer lugar, la banca no es la única responsable de la crisis. Se quiera o no reconocerlo, la crisis financiera pudo haberse evitado o, cuando menos, paliado, quizá con alguna acción más decidida de las Administraciones públicas -de las que, no lo olvidemos, forman parte los supervisores bancarios-. Tampoco es errado afirmar que esas arcas públicas asaltadas por la banca fueron nutridas, y abundantemente, por esa fase expansiva que no se hubiera producido de igual modo sin esas prácticas ahora denunciadas, y con mucha razón, como poco ortodoxas.
En España, muy en particular, los ingresos fiscales conocieron una etapa de expansión sin precedentes -ése es, de hecho, nuestro gran problema presupuestario, que nos hemos gastado los extraordinarios como si de ingresos recurrentes se tratara- merced a esa burbuja inmobiliaria que venía alimentada por un crecimiento desmesurado del crédito. Algo similar ocurría en otros países. ¿Por qué no interpretar, entonces, esos ingresos excedentarios como provisiones a cuenta de la crisis que se estaba larvando?
Desde una perspectiva más técnica, también cabe recordar que, al rescatar a la banca, los poderes públicos no han hecho una graciosa concesión o subvencionado una industria, sin más, sino tutelado adecuadamente un bien público, que es la estabilidad del sistema financiero, sin la que una economía desarrollada no puede funcionar. El dinero no se gasta en interés de la banca sino de la economía en su conjunto. El contribuyente se ve obligado a afrontar ese esfuerzo como tantos otros, por su compromiso ciudadano. Cuestión distinta es que las autoridades, al rescatar a la banca no tienen por qué favorecer o soportar a determinados bancos ni, sobre todo, auxiliar a determinados gestores bancarios. Justicia, economía, equidad y racionalidad habrían debido inspirar estas operaciones como, en general, cualquier uso de los recursos del contribuyente. Pero estas consideraciones, una vez más, devuelven el debate a unas coordenadas en las que, por lo visto, resulta imposible situarlo.
No parece difícil intuir, por otro lado, que la eventual carga impuesta a los bancos, de cualquier manera, terminará afectando otra vez al contribuyente, ahora en su faceta de consumidor de servicios financieros, sea porque pagará más caros aquellos servicios u operaciones gravados, sea porque los pagará más caros todos si el gravamen recae sobre la tributación corporativa bancaria.
En resumen, se comprende la oportunidad, la necesidad e incluso la relativa facilidad de la salida, pero el contribuyente iría mucho mejor servido si, como ha dicho recientemente el gobernador del Banco de España, se reflexiona sobre cómo hacer mejor uso del amplio utillaje técnico-regulatorio a disposición de los supervisores bancarios. Cabría complementar la reflexión del gobernador reclamando, una vez más, también una reflexión en profundidad sobre el funcionamiento de los mecanismos institucionales que, en Europa entera, disciplinan nuestro sistema financiero.
Fernando Mínguez. Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira