La tasa bancaria es un impuesto al crédito
Los países componentes del G-20, que se reúnen en Canadá este fin de semana, tienen en el menú de sus discusiones un lugar destacado para el encendido debate sobre la conveniencia o no de imponer una tasa a los bancos, o bien a las transacciones financieras, para que soporten parte del coste de la crisis actual, así como para que provisione recursos con los que hacer frente a ulteriores episodios críticos de origen financiero. Los más entusiastas defensores de esta figura están en las tres mayores economías europeas, en las que se han explicitado los términos de su aplicación, como es el caso de la City londinense, la cuna misma del capitalismo europeo, en la que la decisión ha sido tomada por un Gobierno liberal-conservador, o en las que se hará en los proyectos presupuestarios del próximo ejercicio, como es el caso de Alemania o Francia. Precisamente ayer las autoridades de la Unión Europea enviaron una carta a los responsables políticos de los miembros del G-20 en la que anticipan su deseo de centrar el debate en tales materias, además de proseguir en una consolidación fiscal inducida desde hace unos meses por la presión de los mercados financieros a los crecientes endeudamientos de determinados países europeos.
Pero tal entusiasmo no parece que vaya a estimular semejante iniciativa en los representantes norteamericanos, que ni siquiera creen llegado el momento de meter en cintura las finanzas públicas, por entender que la recuperación económica sigue pendiente de un finísimo hilo. Pero lo que es evidente es que, tal como el propio Gobierno español propuso ayer, en caso de que se tome alguna iniciativa en materia de gravamen a la banca en general o a actividades financieras concretas, debe hacerse de forma global y concertada para evitar el natural desplazamiento de los capitales o la simple competencia desleal entre instituciones que operan en territorios financieros que van mucho más allá de las fronteras físicas que representan los señores que se sentarán en torno a una mesa inmensa en Toronto.
En el caso de España, las autoridades políticas han insinuado que la tasa a aplicar para toda Europa tendría la naturaleza de las aportaciones bancarias al Fondo de Garantía de Depósitos, viejo instrumento que financian cajas y bancos para dar plena seguridad a los depositantes. Si se generalizase en Europa, España tendría ya el trabajo hecho, aunque seguramente la aportación sería notablemente elevada. La segunda fórmula que manejan en los laboratorios gubernamentales es una tasa a los activos (créditos), o la tasa Tobin, una especie de maquila por las operaciones financieras, todas ellas, independientemente de su tipología.
Si la finalidad es lograr que la banca devuelva parte de los recursos que ha absorbido para evitar su propia desaparición, tiene más sentido este tipo de gravamen sobre operaciones, pero muy concentrada en las transacciones hechas con derivados o con apalancamiento excesivo, puesto que en tales productos estuvo el origen del desastre financiero que estalló en 2007. Pero es menos justificable aplicarla sobre todo tipo de créditos, o sobre todo tipo de recursos de financiación bancaria, por el simple hecho de que terminará deslizándose lentamente hasta el precio final que el ahorrador o el tomador de crédito tenga que recibir o pagar por el servicio. En definitiva, será un impuesto al crédito o un impuesto al ahorro, que siempre soportaría el último eslabón de la cadena.
Con estos mecanismos, sería el Tesoro de cada país el principal agraciado, puesto que elevaría su recaudación. Pero tiene más sentido obligar a los bancos de todo el mundo, y a los que operen con productos más arriesgados en mayor proporción, a elevar su base de capital para que puedan responder en el caso de futuras pérdidas. Si se opta por este mecanismo hay plena garantía de que son los accionistas quienes cargan con el coste, y además lo hacen de antemano en previsión de pérdidas ulteriores. Si de lo que se trata es de costear una parte, o toda, de los recursos públicos que han evitado las quiebras bancarias, la banca española debería quedar al margen, si es que tal cosa se puede cuando hablamos de un mercado global. Hasta ahora no ha recibido ni un euro sin coste: tanto las emisiones avaladas para lograr liquidez como las ayudas del FROB tienen un precio abultado.