COLUMNA

Solución sueca para la banca

Los países nórdicos son de los pocos que han sorteado la crisis sin grandes costes sociales. Es cierto que son países poco poblados, pero han sabido llevar a cabo sus reformas con visión de largo plazo y han podido salvar su eficiente y generoso Estado del bienestar. Entre todas las reformas llevadas a cabo, merece destacar cómo Suecia se enfrentó a una crisis financiera, de deuda privada principalmente, como la que ahora asuela a buena parte de los grandes países occidentales.

Este modelo, a diferencia de lo que se está haciendo ahora, penalizó a los acreedores, a los accionistas, destituyó a la gerencia de los principales bancos y prácticamente no costó nada a los contribuyentes. El resultado final ha sido un sistema bancario saneado después de la nacionalización y todos los activos tóxicos vendidos por una agencia estatal.

El origen de la crisis fue muy similar al español, tras la liberalización financiera de los años ochenta, la fiebre de la propiedad inmobiliaria provocó una inflación de activos y una burbuja que acabó explotando en 1992, con el resultado de contracción económica durante dos años, desempleo casi al 12% y unos tipos de interés que pasaron del 1% al 5%. En ese momento, un Gobierno conservador apoyado por el principal bloque político del país, la socialdemocracia, decidió garantizar la totalidad de los depósitos y la deuda de los 114 bancos del país, pero no el capital de los accionistas. Fundó una agencia para supervisar a aquellas instituciones que necesitaron recapitalización, y otra más para vender los activos tóxicos, fundamentalmente propiedades adquiridas vía ejecución. El Estado exigió a las instituciones cuantificar sus pérdidas, antes de ir a pedir fondos para recapitalizarse, algo que Japón tardó demasiado en hacer y así alargó el dolo. La siguiente fase fue la de exprimir a los accionistas, exigiendo que por cada corona invertida en la banca, el Estado al menos recuperaría la misma cantidad. Esta posición tan firme hizo que, por ejemplo, el mayor banco sueco de la época (el SEB) prefiriese inyectar sus propios fondos para evitar caer en la nacionalización.

Al final de la crisis, el Estado sueco era dueño de buena parte del sistema financiero nacional y la agencia pública había extraído todo el capital social antes de inyectarles dinero. Una vez se estabilizaron los mercados, el Estado vendió las entidades y cosechó beneficios, reduciendo a casi un 0% sobre el PIB el gasto neto efectuado. Incluso hoy, el Estado mantiene un 19% de Nordea, uno de los bancos más rentables, lo cual le reporta beneficios adicionales. Lo más relevante de este plan tan agresivo y valiente fue que, frente a lo que una aproximación neoclásica podría prever, la confianza internacional en la economía sueca se recuperó de forma instantánea, se relajó la presión sobre la divisa y el capital extranjero volvió a invertir en dicho país. Este ejemplo, junto a lo realizado por Roosvelt en los años treinta, confirma que sólo castigando a quienes provocan o facilitan las crisis económicas, es decir evitando el riesgo moral, se pueden evitar situaciones que acaban debilitando a los países, incluso más allá de sus economías.

La realidad en Europa y EE UU es radicalmente diferente. En un contexto idéntico, crisis de deuda privada por sobreendeudamiento del sector privado y necesidades financieras públicas ingentes para el rescate de las instituciones financieras, el peso del esfuerzo se ha hecho sobre deudores, se ha avalado sólo la deuda nueva, se ha mimado a los accionistas y no se han intervenido las direcciones de las grandes instituciones financieras, permitiendo seguir extrayendo dividendos y bonus a costa del contribuyente.

En resumen, los ejemplos suecos de los años noventa o los americanos de los años treinta no se estudian por parte de los Gobiernos o las instituciones multilaterales. La dinámica es sencilla, se inyecta dinero sin conocer los balances, ni las pérdidas, no se exige transparencia ni responsabilidad a los gestores, el creciente déficit público provoca deflación salarial, menor gasto público y desmantelamiento del Estado del bienestar en muchos países. Con todo ello, los accionistas y los bonistas son los grandes ganadores y los consumidores y contribuyentes, los grandes perdedores.

Este juego asimétrico y no cooperativo sólo se romperá si la sociedad castiga a los gestores públicos que están permitiendo que se esquilmen las arcas públicas y se permita que los verdaderos culpables no acaben pagando su dolo. Pero para ello, hay que tener políticos como los suecos, donde incluso los conservadores son buenos y se atreven a nacionalizar, planificar e intervenir en defensa de los consumidores.

Alejandro Inurrieta. Economista y profesor del IEB