No podrán cobrarlo desde el 1 de julio

Unesa acusa de fraude de ley a Industria por eliminar el alquiler de los contadores

Nuevo enfrentamiento a la vista entre Industria y las distribuidoras eléctricas. La orden de tarifas de julio elimina el cobro del alquiler de los viejos contadores para incentivar su sustitución. Algo imposible, según las empresas, pues el ministerio no ha establecido los protocolos para ello. Unesa considera la medida un "fraude de ley".

Apartir del 1 de julio las distribuidoras eléctricas no podrán cobrar a sus clientes el alquiler de los contadores, salvo si se trata de los nuevos equipos de medida, que no alcanzan el 30% sobre un total de 25 millones. Así lo establece el artículo cuarto de la orden ministerial por la que se revisarán las tarifas de acceso en el segundo semestre del año y supondrá una mengua de ingresos para las afectadas de más de 100 millones al año.

Los consumidores pagan por el alquiler 57 céntimos al mes y, en el caso de los nuevos contadores, 90 céntimos. La medida, que amenaza con abrir un nuevo frente de batalla entre el sector y elMinisterio de Industria fue denunciado ayer por las eléctricas en el consejo consultivo de la electricidad de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el que se debatió la nueva orden de tarifas.

Especialmente, por las 230 pequeñas distribuidoras integradas en Cide, que calculan una reducción de ingresos en su caso de cuatro millones de euros al año. Por su parte, en sus alegaciones, las cinco grandes distribuidoras de Unesa (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) consideran que "la eliminación del cobro por el alquiler de los contadores monofásicos de simple tarifa (..) supondrá acometer un fraude de ley" al eliminar un derecho reconocido a los distribuidores.

El fraude se produce porque una orden ministerial elimina un derecho, como es el cobro del alquiler, establecido en un real decreto. Según Unesa, lo que hace la orden de tarifas "es expropiar -sin base legal para ello- el derecho de las empresas eléctricas a cobrar un alquiler por el servicio que ellas están obligadas a prestar", como es el de poner a disposición del cliente los contadores y mantenerlos.

La propuesta, que en Industria atribuyen al propio ministro, Miguel Sebastián, ya se había incluido en los documentos entregados a las asociaciones y empresas con las que negocia un recorte de las primas de las energías renovables, si bien, fijaba como fecha el 1 de enero de 2011. El objetivo de la medida es penalizar a las distribuidoras que no cumplan con el plan de renovación del parque de contadores incluido en la correspondiente orden ministerial de diciembre de 2007.

Sin embargo, tal como recordaba ayer Cide en una nota de prensa, la obligación de sustituir los contadores que recoge esa norma es progresiva que les supondrá un coste, cuando los actuales no les resulta gratis.

1.400 millones a la tarifa

En sus alegaciones, Unesa denuncia además que la subida de las tarifas de acceso de julio (el 10% para los domésticos) ha dejado fuera algunos costes: los 293 millones de euros en que se superó en 2009 el límite del déficit de tarifa que permite la ley (3.500 millones de euros) y no se puede titulizar ni diferir; los 123 millones sobrepasados en 2010 por este motivo y las desviaciones de 237,6 millones en 2009 y de 236,5 millones en 2010 por la actualización de la retribución de la distribución. Según la patronal, también faltarían 469 millones por el mayor coste de las primas del régimen especial, cuya aportación ha aumentado el 20% este año y el 22% en 12 meses.

El futuro incierto de los nuevos equipos de medida

Paradoja. El Ministerio de Industria impedirá el cobro del alquiler de los viejos contadores para que las eléctricas aceleren su renovación por equipos con telegestión en un plazo de ocho años. Sin embargo, la ausencia de un protocolo de comunicación homologado, responsabilidad del propio ministerio, está ralentizando la instalación de nuevos contadores. Hasta el punto de que un hecho como éste suele ser noticia.

Las empresas se quejan de "no hay equipos en el mercado, porque la inseguridad retrae a los fabricantes". Por su parte, las distribuidoras que los están instalando (caso de Endesa con equipos de su matriz Enel) se están aventurando, pues no está claro que vayan a ser compatibles con el protocolo que se establezca. Y no se pueden telegestionar. La guerra de los contadores recuerda a la que se desencadenó con la facturación mensual de la luz que decidió Miguel Sebastián.