Las empresas españolas lanzan una ofensiva judicial contra la CE
Las grandes multinacionales españolas han iniciado ante el Tribunal de Justicia europeo una ofensiva sin precedentes para blindar judicialmente las deducciones fiscales que obtuvieron durante su expansión internacional hasta 2009. La CE calificó como ayudas de estado esas deducciones y exigió su abolición.
El registro de casos pendientes del Tribunal General de la Unión Europea se asemeja en los últimos días al Ibex 35. Las grandes compañías españolas, desde Telefónica a BBVA y desde Santander a Iberdrola, pasando por la Asociación de la Banca Española (AEB) o Autogrill, figuran en ese listado con una referencia común: recurso contra la Comisión Europea.
El objetivo de todos los recursos es la decisión adoptada el 28 de octubre de 2009 por la entonces comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, para abolir el régimen fiscal español que permitía a las empresas deducirse en las fusiones transfronterizas el fondo de comercio (diferencia entre el precio pagado y el valor de mercado de los activos adquiridos).
Bruselas exigió la devolución de esas ayudas potencialmente multimillonarias, aunque eximió de esa obligación a las operaciones realizadas antes del 21 de diciembre de 2007, fecha en la que el departamento comunitario de Competencia inició la investigación sobre el régimen fiscal.
Los recursos presentados solicitan ahora que los jueces comunitarios anulen aquella decisión, aunque hay algunos matices sobre los intereses de cada empresa recurrente.
En algunos casos, como puede ser Telefónica o Iberdrola, la decisión de la CE les libra, en teoría, de la obligación de devolver ninguna deducción, porque sus grandes operaciones (O2 o Scottish Power, respectivamente) se llevaron a cabo antes de la fecha de exoneración fijada por Bruselas.
Aun así, esas compañías pretenden blindar sus deducciones ante el juez porque temen que el dictamen de la CE declarándolas ayudas de Estado pueda ser invocado por terceras partes para reclamar la devolución. De hecho, intercalado entre los numerosos recursos de las compañías españolas, ya figura también en el listado del Tribunal una apelación de Deutsche Telekom, compañía que en su día instigó la investigación de la CE sobre el sistema español.
"Pero hay que tener en cuenta, que la norma fiscal no era sólo para las fusiones realizadas por grandes empresas, sino que se acogieron a ella cientos de operaciones de todos los tamaños y de los sectores más variados", subraya José Luis Buendia, el socio director de Garrigues en Bruselas que representa a buena parte de los recurrentes.
Buendía, en nombre de Santander, BBVA, Autogrill España o Ebro, reclama, en primer lugar, que el Tribunal sentencie que las deducciones no eran ayuda de Estado porque estaban disponibles para todas las empresas que tributan en España, sin ningún tipo de discriminación.
Ampliación del plazo
En segundo lugar, en el supuesto de que los jueces confirmen el dictamen comunitario, esas empresas exigen que se amplíe el período de exoneración desde diciembre de 2007 hasta octubre de 2009, fecha en la que Bruselas adoptó su dictamen definitivo. "La confianza legítima sobre la ausencia de ayudas en un régimen no se puede interrumpir por un acto en el que la Comisión se limita a expresar dudas", señala Buendía.
Operaciones
El régimen fiscal objeto de litigio estuvo disponible desde 2002-Iberdrola se benefició en 2007 para la compra de Scottish Power por 17.500 millones de euros.-Telefónica lo aprovechó para la adquisición de O2 por 26.000 millones de euros.-Santander generó un fondo de comercio de 442 millones de libras esterlinas por la compra de Alliance & Leicester.-Ferrovial pagó 10.000 millones de libras por los aeropuertos británicos.