De la desigualdad al desempleo
En el contexto actual, recesión profunda, desempleo, crisis política global, dictadura de los mercados financieros y especulación como filosofía vital, poco se está hablando de factores más intangibles, como la igualdad o la felicidad. Estos dos elementos están permitiendo que todo un bloque de países, como los nórdicos, estén saliendo de la recesión sin ser presas de las recetas del FMI, ni de la crisis de deuda global que asuela al mundo occidental.
El tema de la igualdad, que no hay que confundir con el igualitarismo, ha sido estudiado con profusión por economistas y sociólogos y las conclusiones son concluyentes. Un reciente trabajo del economista inglés, Richard Wilkinson (Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva, ed. Turner Noema) revela que los países con mayores diferencias de renta tienen tasas de violencia más elevadas, más embarazos de jóvenes no deseados, mayor población carcelaria, peores resultados escolares, así como un sistema sanitario que se deteriora. Esto es aplicable, claramente a países como EE UU, Reino Unido, muchos países latinoamericanos, pero también a España.
Lo que demuestra éste, y otros estudios similares, es que la desigualdad no es concepto ideológico, sino económico y que afecta a la eficiencia y equidad del sistema económico que nos hemos dotado. No es, por tanto, casualidad que donde se prima la eliminación de las diferencias de renta y riqueza, países nórdicos, los resultados económicos y de análisis del bienestar sean manifiestamente mejores que donde impera, y se fomenta, la desigualdad, vía competencia entre individuos.
En España este análisis es muy útil en unos momentos en los que la tasa de desempleo ha alcanzado el 20% y en el que los servicios públicos, especialmente educación y sanidad, muestran signos de deterioro en algunos territorios, precisamente donde más se prima la desigualdad. Sin embargo, el origen de la desigualdad social y económica en España viene de lejos. Parte de un sistema fiscal que desde su diseño ha ido perdiendo peso como elemento corrector, en el que la desfiscalización ha sido creciente (sucesiones, patrimonio, rebajas en renta y sociedades), etc. Estas medidas, además, han sido tomadas por Gobiernos socialdemócratas o conservadores, sin ningún tipo de prejuicio. Todo este proceso de deterioro se manifiesta especialmente en el sistema educativo y es una de las causas del desempleo estructural que asuela nuestro país. La introducción de los conciertos educativos, necesarios por motivos de infraestructura en su inicio, han generado una segregación por motivos socioeconómicos que empíricamente han analizado recientemente un informe de la Fundación Alternativas (Los efectos de los conciertos sobre la eficiencia y la equidad del sistema educativo español) y otro de Fedea (Los determinantes del éxito en al educación primaria en España). En los dos se pone de manifiesto que las diferencias en el rendimiento educativo, y lo que siempre refleja el informe Pisa, se corrige en el momento que se controla por el origen socioeconómico de las familias. A mayor renta de las familias, mejor rendimiento. Y es precisamente el sistema de conciertos, incumpliendo flagrantemente la ley, el que expulsa hacia la enseñanza pública a las rentas más bajas, a la emigración, que en algunos casos tiene un rendimiento superior, y a los alumnos de educación especial. Este 30-40% de la población tiene un rendimiento manifiestamente peor, y por tanto su probabilidad de empleabilidad futura, también es muy inferior. Esta segregación educativa en origen rompe los principios de equidad, igualdad de oportunidades, y de eficiencia, y daña el sistema educativo y productivo, pero también genera un coste futuro difícil de asumir.
Para cerrar el gap de renta España debe llevar a cabo una profunda reforma fiscal que prime la suficiencia recaudatoria, pero que también reduzca la desigualdad de rentas existentes que ha intentado ser paliada con el señuelo de la riqueza financiera e inmobiliaria, hoy volatilizada. Por otro lado, y desde la óptica educativa, es imprescindible equiparar los costes que soportan las familias en todos los centros financiados con fondos públicos, reducir el peso del domicilio en los baremos de selección, controlar las exigencias que las escuelas concertadas imponen a las familias, repartir equitativamente de los alumnos con necesidades educativas especiales y financiar la asistencia a una escuela alejada del domicilio familiar para familias de rentas bajas. Por supuesto, sin abandonar el diseño financiero de la inversión, en el que prime la educación primaria y secundaria y menos la universitaria. Por último, la educación infantil universal y pública es esencial. Solo un ejemplo, en Madrid, sólo un 50% de los niños/as de 0-6 años está escolarizado.
En resumen, la igualdad no es ideología, sino que crea empleo, bienestar y reduce costes. Como decía Olof Palme, "no me molesta que haya ricos, lo que me preocupa es que haya pobres". Allí lo han solucionado.
Alejandro Inurrieta. Economista y concejal del Grupo Municipal Socialista en Madrid