La economía española, el ángel caído
Gobierno, partidos políticos y agentes sociales se plantean el paso a un nuevo modelo productivo que genere valor añadido con unas normas tributarias y laborales más flexibles
España no está siendo una isla independiente en el gran océano que supone la crisis internacional. Es más, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha provocado que salgan a la luz los fuertes desequilibrios cosechados lentamente en los últimos 10 años. Así, España ha pasado de ser envidiada por todos, especialmente por los socios comunitarios, a convertirse en un verdadero ángel caído.
Las cifras lo muestran con crudeza. A comienzos del siglo XXI fue capaz de crear más empleo que Alemania, Francia y Reino Unido juntos, con un PIB que avanzaba a ritmos superiores al 4%, espoleado por un desaforado ritmo constructor con condiciones de financiación más que holgadas. La llegada de fondos, procedentes de la UE, también ayudaba.
Ahora, la masiva destrucción de empleo, pinchada la burbuja, le ha llevado a superar con creces los cuatro millones de parados, con una tasa que se acerca al 20% de la población activa. Los gastos en protección por desempleo y el servicio de la deuda están ahogando las finanzas públicas, y el ajuste presupuestario, en ingresos y gastos, es una obligación, como también está ocurriendo en otros países, para evitar que siga creciendo un déficit público que ya supera los 110.000 millones de euros.
No hay otro país de la UE que haya pasado en tan poco tiempo del elogio a las fuertes críticas
Nuevo modelo
En esta coyuntura y en el caso de España, el cambio de modelo productivo hacia ramas de actividad de mayor valor añadido es, si cabe, más necesario que nunca. Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 incluyen entre las prioridades la inversión en I+D y las infraestructuras tecnológicas, pero el ajuste en el gasto está provocando que estas partidas no sean suficientes. La Ley de Economía Sostenible va en esa dirección, pero aún se encuentra en fase parlamentaria y su puesta en marcha tardará en surtir efectos. A su vez, las empresas, atenazadas por la restricción del crédito que no llega desde la banca, han dejado caer su ratio de inversión productiva para sufragar lo más urgente, que son sus gastos corrientes, y desapalancar sus posiciones financieras. Los próximos meses son vitales para solucionar el grave problema del crédito. Sin ello la recuperación se retrasará aún más y se seguirán cerrando empresas y destruyendo empleos, según apuntan todos los servicios de estudio. Y es que salir de la recesión, entendida como caída del PIB, no asegura que no se permanecerá en un estado de letargo por mucho tiempo, con tasas de crecimiento económico exiguas. El fantasma de la década perdida de Japón está bien presente.
El Gobierno recalca la existencia de "brotes verdes" en la economía. El primer trimestre del año se ha saldado con una menor destrucción de empleo, una ligera reactivación de la industria, una contención en la caída de los precios de la vivienda y la impresión general de que la fase más aguda de la recesión ha pasado.
Con independencia de ello, la idea de un gran pacto político contra la crisis se hace necesario. Las reuniones en el Palacio de Zurbano entre los partidos se han saldado con limitados acuerdos que, más allá de ampliar las líneas del ICO o de potenciar la rehabilitación de vivienda, no sirven para dar a luz un nuevo modelo productivo. No hay tiempo que perder. La mirada debe fijarse en los millones de parados y no en el rédito a sacar de cara a las próximas elecciones.
El duro y necesario ajuste fiscal
Nunca las arcas públicas habían sufrido un deterioro tan fuerte y acelerado como el registrado en 2009. El déficit público, que se mueve en niveles del 11,2% del PIB, obliga a tomar decisiones drásticas por el lado de los ingresos y del gasto.El Gobierno ya ha puesto en marcha un plan de austeridad que prevé un recorte presupuestario de 50.000 millones hasta 2013. Para este año, el gasto se reducirá en 5.000 millones y será el Ministerio de Fomento el que deberá realizar el mayor esfuerzo. El Ejecutivo reclama que comunidades autónomas y ayuntamientos apliquen también políticas de austeridad.Además de reducir el gasto, el Ejecutivo pretende elevar los ingresos públicos con subidas de impuestos. El tipo general del IVA subirá del 16% al 18% en julio y el reducido pasará del 7% al 8%. Ello permitirá, según los cálculos del Gobierno, ingresar 5.150 millones de euros adicionales. Aun así, los analistas dudan de que el déficit baje al 3% en 2013 como prevé Elena Salgado.
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