No hay que rasgarse las vestiduras
Aunque el prestigio y la credibilidad de las agencias de calificación crediticia se ha devaluado tras el lamentable papel que desempeñaron en la gestación de la crisis financiera mundial, el caso es que sus evaluaciones siguen constituyendo el principal criterio del que se sirven los inversores para analizar el riesgo de sus operaciones. Los juicios de estas agencias siguen, por tanto, guiando en buena medida el comportamiento de los mercados, a falta de nada mejor a qué atenerse.
Dicho esto, ¿está justificada una rebaja del rating de nuestra deuda soberana? ¿Significa esto que España va a caer en la bancarrota? Es evidente que la situación de España no es la misma que la de Grecia o la de Portugal. Los principales argumentos son de sobra conocidos: el nivel de endeudamiento del Estado es aquí muy reducido, no sólo en comparación con estos dos países, sino también en comparación con la media europea: la deuda pública asciende al 53% del PIB en España, frente a un 77% en Portugal, un 115% en Grecia y un 68% de media en el conjunto del área euro.
Además, la dependencia del Estado con respecto a los mercados internacionales para financiarse también es más reducida en nuestro país: la deuda pública en manos de inversores extranjeros equivale a un 25% de nuestro PIB, frente a, aproximadamente, el 100% en Grecia y el 55% en Portugal.
Pero el nivel de endeudamiento público presente no lo es todo. Hay otros criterios muy importantes a tener en cuenta relacionados con la sostenibilidad a más largo plazo de las cuentas públicas, como la capacidad para generar ahorro, el volumen de deuda externa y, sobre todo, la capacidad de la economía para crecer y generar ingresos fiscales, lo cual depende, en última instancia, de su fortaleza estructural y su competitividad. Es por esto que nadie pone en cuestión la calificación crediticia de Alemania, pese a que su sector público está más endeudado que el español.
Puede tener sentido, por tanto, el hecho de que España, que ha sufrido una pérdida irrecuperable de ingresos fiscales, cuya capacidad competitiva frente al exterior es más bien floja y sus perspectivas de crecimiento para los próximos años son reducidas -aunque no tan bajas como dice Standard & Poor's-, además de ser un país poco ahorrador, muy endeudado e importador neto de recursos financieros del exterior, sufra una rebaja en su valoración crediticia.
Pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Esto no significa que los mercados consideren insolvente al Estado español, ni que nos espere el mismo destino que a Grecia. Nuestro rating sigue siendo muy elevado, y muy superior al de Grecia y al de Portugal. Nuestros fundamentos económicos, según casi todos los criterios expuestos, son mucho más sólidos que los de estos países, y nuestro sistema financiero, aunque con sus problemas, igual que en todo el mundo, es uno de los más eficientes del planeta.
El principal problema que se deriva de una rebaja de nuestra calificación crediticia es que el Estado español deberá pagar más intereses por su deuda. De hecho, ya los paga desde hace algún tiempo, puesto que esta rebaja crediticia estaba descontada. El efecto también se transmitirá a los títulos privados, elevando el coste de financiación para la economía en su conjunto; las entidades financieras pueden ser las más perjudicadas. Pero no se va a producir un desplome de nuestra deuda como en Grecia.
No obstante, teniendo en cuenta que en situaciones de extrema sensibilidad de los mercados como la actual a veces estos se comportan de forma irracional y guiados por el pánico -o por movimientos especulativos que se aprovechan del estado de nerviosismo imperante para arrastrar a los inversores en una dirección determinada-, existe un riesgo elevado de que nuestra deuda sufra ataques que podrían encarecer su coste hasta un nivel superior al que estaría justificado por las condiciones objetivas de nuestra economía.
Es por ello que el Gobierno debe transmitir credibilidad y enviar mensajes claros y contundentes de que está dispuesto a tomar todas las medidas que sean necesarias para reconducir el déficit, y de que va a llevar a cabo las reformas estructurales que nuestra economía necesita para acelerar su recuperación y elevar su capacidad de crecimiento a largo plazo.
La subida del IVA antes de lo que estaría justificado desde el punto de vista de la lógica de la política fiscal, sí que está plenamente justificada, y es una medida necesaria, desde esta lógica. Sin embargo, la lentitud y la falta de ambición en la reforma del mercado laboral, el abandono de la propuesta de reforma del sistema de pensiones, las vacilaciones y las contradicciones pueden perjudicar la credibilidad de nuestra solvencia.
María Jesús Fernández. Gabinete de Coyuntura y Estadística de Funcas