Consecuencias en el sector privado
La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) rebajó, como se esperaba, la calificación crediticia de la deuda española. Así, el rating para el endeudamiento de España pasa de AA+ a AA, perdiendo dos niveles desde la triple A en consonancia con la mayoría de rating de la zona euro.
La razón en la que la agencia se ha basado para someter a la deuda soberana española a este cambio es una revisión de sus previsiones de crecimiento de la economía española para el periodo 2010-2016, y más concretamente, basan sus previsiones de crecimiento económico anual bajo para ese periodo (0,7% frente al 1% anterior) en dos motivos fundamentales. Por un lado, la dependencia de la economía de un sector constructor que aún debe absorber el exceso de oferta de vivienda que se prevé tardará al menos cinco años en absorber. Y adicionalmente, el elevado endeudamiento corporativo que está ahuyentando las posibilidades de refinanciar su deuda con las entidades financieras y la llegada de inversión extranjera directa, la cual ha descendido más de un 84% en promedio mensual durante 2009.
S&P ya rebajó el mates la calidad crediticia de Grecia y Portugal, quienes comparten con el resto de países periféricos tres argumentos para recibir una rebaja en su calificación: un incremento del peso de la deuda pública sobre el PIB, unas perspectivas económicas débiles hasta 2013 que comprometen las posibilidades de reducir el nivel de endeudamiento, y un déficit público con riesgo alto de desequilibrio. Sin embargo, los mercados no están penalizando los diferenciales de la deuda de España respecto al bund alemán, ya que sólo se ha subido 8 puntos básicos (pb) durante febrero, mientras que el diferencial griego y portugués se han elevado 53 y 48 puntos básicos, respectivamente.
Igualmente, los mercados apenas han sometido a aumentos en el diferencial de la deuda a largo plazo para Italia (6 puntos básicos) e Irlanda, que incluso han descendido su diferencial como es el caso de este último en febrero. Esto se debe a que los mercados no sólo no perciben que haya aumentado el peligro de impago de las economías periféricas, como ha señalado la agencia de calificación en el caso de España a la que le asigna un riesgo de impago nulo, sino también a unas escasas expectativas de inflación ante la debilidad de la recuperación de la demanda, como también afirma el comunicado de S&P al decir que "esperamos que el deflactor del PIB alcance el nivel de 2008 en 2015, frente a la previsión anterior para 2013".
Las peores repercusiones de la rebaja de calificación están recayendo en las fuentes de financiación privada, ya que el sector privado sufrirá el aumento del coste de su deuda con mayor intensidad que el sector público. Los mercados bursátiles son los que están adelantando ya este aumento de dificultades de financiación, por lo que el Ibex 35 ha descendido un 7% entre el martes y el miércoles, penalizando principalmente a los sectores más cíclicos (constructoras, bancos e inmobiliarias).
La cuestión es qué posibilidades tiene el sector público. Podemos calificar esta revisión en el rating de la deuda española como de esperable por el aumento del ratio de deuda y déficit. Aunque el nivel de deuda pública sobre el PIB se encuentra todavía 20 puntos debajo de la media europea, el intenso déficit (11,2% del PIB) condiciona el futuro en el medio plazo. Por supuesto, hay que entender los cambios de calificación con prudencia, ya que la agencia otorgó un AAA en 2004 a la economía española en medio de un ciclo de crecimiento intenso y desequilibrado que ofrecía riesgos a futuro.
Mientras que Estados Unidos previsiblemente reducirá el nivel de déficit respecto al PIB esperando a que el valor de su producción crezca y sin realizar recortes de gastos importantes, los países europeos deberán realizar un esfuerzo adicional para conseguir el equilibrio fiscal por el pacto de estabilidad.
El Gobierno español deberá realizar importantes recortes presupuestarios si quiere conseguir el objetivo de devolver el déficit a un nivel inferior al 3%, ya que la persistencia del desempleo y las dificultades para recuperar la actividad no permitirán reducir la importancia del saldo fiscal negativo ni por el aumento del PIB ni de los ingresos. Por tanto, España deberá someterse a una política de gasto estricto, ya que los gastos del estado aumentaron casi un 23% en febrero, frente al 3,3% de mismo mes del año anterior; y los ingresos se han elevado por primera vez en dos años a causa de un efecto base.
Eduardo Barrera Inés. Analista técnico de predicción de Ceprede