COLUMNA

África

En los primeros siete años de este siglo un conjunto de economías africanas que llevaban tres décadas de estancamiento o de reducción de su renta per cápita han registrado altas tasas de crecimiento. Nigeria, Zambia, Angola, Mozambique, Chad y Sierra Leona han aumentado su PIB per cápita a lo largo de esos años por encima del 7% anual. Otras como Sudán y Tanzania han acelerado apreciablemente su crecimiento. ¿Significa esto que algo sustancial está cambiando en la economía africana? Probablemente no.

Las economías indicadas se han beneficiado de shocks favorables en su relación de intercambio al encarecerse enormemente recursos que constituyen una parte importante de su producción. El petróleo (Nigeria, Angola, Chad, Sudán y, en menor medida, Mozambique), la materia prima del aluminio (Mozambique y Sierra Leona), el cobre (Zambia), la materia prima del titanio (Sierra Leona), las gemas de diamantes (Angola, Sierra Leona y Tanzania) y el oro (Tanzania), han experimentado un notable encarecimiento en estos años. A ello se ha unido que algunos de estos países (como Sierra Leona y Angola) han conseguido terminar largos conflictos militares internos a principios de este siglo. En los indicadores de Gobernanza del Banco Mundial se observan mejoras de algunos de los países mencionados en los indicadores que miden las instituciones políticas (Angola, Sierra Leona y Zambia), pero apenas se aprecian mejoras relevantes en las instituciones económicas (calidad de la Administración y del marco regulatorio, corrupción, cumplimiento de leyes).

Tras la descolonización, la evolución económica en África se caracterizó (salvo excepciones como Mauricio y Botsuana) por la apropiación creciente de las rentas generadas por las élites dirigentes a través de diversos mecanismos: el control de la comercialización de productos agrícolas y minerales, el control del banco central y de las divisas, la distorsión de los precios y del tipo de cambio en contra de los creadores de rentas agrícolas y el impulso de industrias ineficientes. Este control conducía a enriquecer a los afines y les permitía gestionar coaliciones políticas para conservar el poder.

Los conflictos internos con implicaciones étnicas que se van generando por el control de tierras al expandirse demográficamente algunas comunidades son inicialmente de carácter local, pero adquieren dimensión nacional por su utilización por parte de algunos líderes, en la oposición o en el Gobierno, para mejorar su posición en la lucha por el poder y por el control de los mecanismos de apropiación de rentas. Las diferencias étnicas fueron utilizadas como banderín de enganche en los conflictos, lo que contribuyó a su radicalización.

Pero, siguiendo a Bates, lo que conduce finalmente a la desaparición de los débiles aparatos del Estado es la crisis fiscal. Las políticas económicas mencionadas propiciaron un escaso crecimiento e incentivaron la economía sumergida, lo que redundó en una caída de los ingresos fiscales, y a ello se sumó la crisis en el comercio internacional de principios de los ochenta, siendo así que los impuestos al tráfico exterior eran los más importantes. La ausencia de ingresos propició la degradación total de los servicios públicos y la generalización de la corrupción y de las prácticas de apropiación por los servidores públicos, incluidos los soldados.

Las demandas de reformas políticas, que coincidieron con presiones exteriores en el mismo sentido (especialmente tras el fin de la guerra fría), representaron una amenaza para las élites a la que respondieron, por un lado, con represión política (Zaire, Kenya, Togo, Burundi), utilizando el ejército o creando milicias armadas, y fraude electoral (Malí, Burkina, Chad) y, por otro, aumentando la intensidad de su apropiación, especialmente en países con importantes recursos naturales.

Esta secuencia de extremo deterioro institucional y económico es común, con algunas diferencias, a la mayoría de los países del África subsahariana. Ya sabemos que la estabilidad y democratización política, que está lejos de conseguirse de forma general y permanente en el continente, son condición necesaria para el desarrollo económico (especialmente la estabilidad), pero no son en absoluto condición suficiente. Buenas instituciones económicas que estimulen la creación de riqueza por parte de la mayoría de la sociedad son necesarias para que los países africanos se sitúen, al fin, en una senda de progreso. Pero esa reforma restará poder a las élites.

África es un buen ejemplo de que el deterioro institucional es persistente y puede ser un proceso no acotado. Argentina es, salvando las distancias, ejemplo de lo mismo. Y en buena medida, a mayor distancia aún, Italia también lo es. Nos debería hacer pensar.

Carlos Sebastián. Catedrático de Fundamentos del análisis económico de la Universidad Complutense