¿Cambia una ley la economía?
En el último debate sobre el estado de la nación, celebrado hace casi un año, un José Luis Rodríguez Zapatero acosado por los nefastos datos económicos (fundamentalmente, la tasa de paro que galopaba hasta acercarse al 20%) optó por tomar la iniciativa. El presidente del Gobierno anunció algunas medidas de fuerte calado, como eliminar la deducción por inversión en vivienda habitual, salvo a las rentas más bajas. Además, explicó que el Ejecutivo estaba embarcado en preparar un enjambre de medidas legislativas con un objetivo declarado: cambiar el modelo o patrón productivo de la economía española.
Detrás del anuncio aparecía una constatación en extremo preocupante: aunque la actividad económica española había caído menos que la de los socios de la zona euro, en algunos de estos países el mercado laboral había salido casi indemne, mientras que, en España, el número de parados iba camino de duplicarse en poco más de un año. El factor que explicaba esta disparidad era la fuerte dependencia de la economía española de un sector, el inmobiliario, cuya elevada ponderación en el producto interior bruto y en el empleo desnudó a la actividad cuando la crisis financiera global produjo la sequía del crédito.
Decidido a prevenir grados de dependencia (y, por tanto, niveles de riesgo) similares en el futuro, el Gobierno aprobó en noviembre la llamada Estrategia de Economía Sostenible, cajón de sastre para un variado elenco de iniciativas legislativas, reglamentarias y administrativas. El cambio de modelo que ya proponía el ex vicepresidente y ministro de Economía Pedro Solbes en 2004 debía acelerarse. Las prioridades eran claras: fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación, estimular las actividades relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética, y liberalizar los mercados de servicios aprovechando la transposición de la directiva europea al respecto.
Las vertientes de la sostenibilidad
Una vez superados varios trámites internos, el periodo de información pública y el dictamen del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros aprobó por fin el mes pasado el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), la medida estrella de la citada estrategia. En la exposición de motivos, el Ejecutivo desglosa las tres vertientes de la sostenibilidad que menciona la ley: económica (basada en la mejora de la competitividad, la innovación y la formación), medioambiental ("que haga de la imprescindible gestión racional de los medios naturales una oportunidad para impulsar nuevas actividades y empleos") y social (que promueva y garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión social).
Las críticas de la oposición política incidieron inmediatamente en el carácter variopinto de la norma, que incluye reformas en ámbitos tan dispares como el alquiler de vivienda, la dirección de los organismos reguladores, las descargas de internet o los plazos para constituir empresas. Sin entrar en el carácter más o menos adecuado de cada disposición, desde el Partido Popular se destacaba que el texto no incidía en las reformas que, a su juicio, más urgencia plantean, como la del mercado laboral.
La argumentación en ese aspecto parece razonable, si bien es cierto que tanto la reforma laboral como la de las pensiones y la del sistema financiero (posiblemente, las tres modificaciones estructurales más necesarias en la economía española) se están tratando de forma paralela por otras vías. La cuestión es determinar si la amalgama de artículos de la ley es suficiente para cambiar de forma notoria el modelo productivo basado en la construcción y el turismo. En ese sentido, deben saludarse como positivas todas las medidas encaminadas a liberalizar mercados todavía condicionados por privilegios de épocas pasadas, así como los compromisos de quitar trabas burocráticas a los emprendedores o recortar los plazos de pago de las Administraciones. Obviamente, el tiempo servirá para determinar si lo que se plantea en la LES llega a cumplirse, pero parece poco dudoso que el camino, en esas materias, es el adecuado. Lo propio puede decirse de gran parte del articulado de la ley, destinada a corregir desajustes e ineficiencias que la mayoría de economistas coinciden en señalar como factores que, en el agregado productivo, restan décimas a la actividad del país.
Ahora bien: la corrección de errores no garantiza, por sí misma, la creación de un nuevo entramado productivo. Un cambio del calado como el que propone el Gobierno requiere, fundamentalmente, inversión, amén de un acuerdo político transversal sobre hacia dónde, en materia económica, debe ir el país. La apuesta por la I+D+i debe reconocerse como fundamental para tratar de recuperar alguna competitividad en la industria, tremendamente castigada por la recesión y la competencia de los países emergentes. Pero no debe perderse de vista un factor señalado en un reciente informe de McKinsey: todos los empleos netos creados por los países desarrollados entre 1995 y 2005 estuvieron en el sector servicios. Así pues, defiéndase la competitividad, pero sobre todo en la rama de actividad que nos hace diferentes y resulta más difícil de copiar.
Parece poco disputado que la estructura productiva requiere cirugía, para rebajar el peso de la construcción y fomentar el de actividades con valor añadido. En este punto, la ley de Economía Sostenible acierta al apuntar a las energías renovables, protagonistas de una tercera revolución industrial en la que, a diferencia de las dos anteriores, España participa, con un nutrido grupo de empresas, desde sus inicios. Pero no debe perderse de vista que la apuesta por el mayor valor añadido no debe limitarse a ciertos sectores, sino abarcar a todo el entramado económico. No hay sectores buenos y malos, sino competitivos o no competitivos. Ahí es donde la LES tiene poco que decir, porque se requiere una apuesta inversora sin parangón.
España dedicó el grueso de los fondos europeos a la creación de una red de infraestructuras envidiable, un tipo de inversión que ha ofrecido y seguirá ofreciendo grandes retornos. Del mismo modo, puede presumir de un sistema público de salud más que decente en términos de calidad. Posiblemente, entre las políticas que definen el futuro de un país, la más desatendida haya sido la educación. Frente al prestigio y calidad de las escuelas de negocios, las universidades se presentan como la gran asignatura pendiente, sin olvidar el elevado abandono escolar. Corregir esa situación llevará tiempo y mucho dinero, pero es la mejor manera de asegurar un mayor valor añadido a largo plazo. El ejemplo de países como Finlandia demuestra que educar es la mejor inversión, y la mejor manera de cambiar de modelo productivo hacia otro que provea empleos de más calidad.