COLUMNA

Déficit bueno o malo

La economía internacional transita durante los últimos años por una senda muy peligrosa. La banalización de la producción y el factor trabajo y el encumbramiento de la economía financiera ha roto el equilibrio tradicional que indicaba que las finanzas eran un instrumento al servicio de la economía real.

En este contexto, las principales economías industrializadas, salvo Japón, Alemania y Francia, se han convertido en meras máquinas de transacciones financieras, eso sí cada vez más sofisticadas. En esto destaca el Reino Unido, Holanda y también EE UU. Este nuevo paradigma, que consiste en construir ciclos expansivos sobre la base del apalancamiento financiero, sin ninguna base productiva, ha desencadenado esta recesión tan abrupta, dañando seriamente el sistema financiero, hundiendo el valor del factor trabajo y castigando las finanzas públicas hasta el punto de poner en serios aprietos a algunos Estados. Esta economía de casino, apoyada y financiada por recursos públicos en muchos casos a través de ayudas al sector financiero, que a su vez son desviadas a paraísos fiscales, se está encargando de destruir poco a poco todo el sector productivo y hacer de los mercados financieros un gobierno mundial paralelo, sin que medie elección alguna.

Con este panorama, las economías europeas, que se dotaron de unas reglas fiscales muy estrictas y duras, sin que nadie las haya cumplido en el pasado, ni ningún país haya sido sancionado por ello, están comenzando a hacer amenazas veladas sobre la posibilidad de ser expulsado del euro, en caso de incumplimiento sistemático. Esta amenaza pesa sobre Grecia, pero también se podrían incorporar otros países periféricos en caso de no aliviar los desequilibrios fiscales.

A España le llega esta coyuntura en plena búsqueda de transición de una economía con bajo valor añadido, pero muy rentable financieramente para bancos y constructoras, a otra donde prime el valor añadido, el conocimiento y la creación de riqueza sobre la base de la producción real. Para ello, son necesarios muchos recursos financieros públicos, pues el Estado tendrá que ser el motor que impulse inicialmente esta transición, mediante la discriminación positiva. Con este panorama, y asolada por un fuerte aumento del paro, se está tratando de recortar gasto público, fundamentalmente inversión pública, para contentar a los burócratas de Bruselas y los nuevos gestores mundiales: los mercados financieros. Salvando el clima de tactismo y hostilidad manifiesta entre las principales fuerzas políticas, lo relevante es que muchos economistas no entendemos cómo se mete en el mismo saco todas las partidas de gasto público, empezando a escucharse que la Ley de dependencia debe retrasarse en su aplicación, aunque en algunos territorios como Madrid simplemente no ha empezado por mala fe política y un elevado grado de falta de respeto institucional.

El debate debe centrarse en si el gasto social, especialmente en dependencia o en escuelas infantiles, es un gasto o una inversión, es decir colesterol bueno o malo. En si un kilómetro de tren de alta velocidad o una autopista del mar o las conexiones con Francia, tanto ferroviarias, como eléctricas son un gasto o una inversión. Las medidas tomadas hasta ahora han sido reducir más la inversión pública, como hospitales, centro de mayores, residencias o infraestructuras ferroviarias, que acabar con numerosos entes autonómicos y duplicidad de estructuras administrativas. Tampoco se han regularizado auténticos expolios para algunas administraciones locales, como el Ayuntamiento de Madrid, por parte de un oligopolio de empresas que explotan muchos de los servicios públicos.

En todos estos frentes subyacen dos elementos claves. Son las élites administrativas y algunos lobbies y oligopolios empresariales los que no permiten desterrar el colesterol malo, como por ejemplo el gasto farmacéutico o el despilfarro en las compras de algunos sectores o en obras públicas, donde los modificados sirven de financiación adicional a muchas empresas.

Curiosamente el votante mediano no es el destinatario final de muchas de las inversiones públicas que se dejan de hacer, por ejemplo escuelas infantiles públicas o servicios de dependencia, lo que sin duda está muy medido y estudiado para poder mantener el poder en muchos de los Gobiernos autonómicos que estuvieron discutiendo el recorte de gasto público esta semana.

En resumen, se impone la dictadura de los mercados financieros, tratando de reducir la inversión social productiva para cumplir una norma fiscal que abunda en el empobrecimiento de muchos países, máxime ahora que sin gasto público no saldremos de la recesión.

Alejandro Inurrieta. Concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid