Deuda, mercados e ideología
La presión de los mercados sobre Grecia no afloja. Además, la opinión pública en Alemania se ha posicionado de forma contundente en contra de aportar dinero del contribuyente al Sur. Y por ello las autoridades alemanas y francesas están articulando un plan de salvamento en el que las ayudas serán indirectas, en forma de garantía para los bancos que adquieran la deuda pública helena. Tras lo acaecido en Grecia y el euro, parece que la tormenta vira a Noroeste, y ahora es la libra la que está en el punto de mira de los mercados financieros, temerosos que una victoria sin mayoría absoluta de laboristas o conservadores. Y España, a pesar de haber capeado el temporal, continúa en el punto de mira, como algunos artículos de reputados economistas y financieros en la prensa internacional se encargan de recordárnoslo.
A la luz de lo anterior, uno se interroga por lo que nos ha pasado. ¿Pudimos, o debimos, prever que el boom no podía durar, y que los desequilibrios que se acumulaban eran insostenibles? La pasada semana, discutiendo con mis estudiantes sobre el saldo exterior de la economía española, y destacando por mi parte lo insostenible de balanzas comerciales negativas en el entorno del 8-9 % del PIB y déficit por cuenta corriente cercanos al 10%, uno de ellos me espetó: ¿y esto no podía haberse evitado?
Llevo tiempo interrogándome sobre este aspecto, porque si no aprendemos de nuestros errores estamos condenados a repetirlos. Y he llegado a la convicción que la razón última de nuestros pecados reside en el predominio, cultural e ideológico, de una concepción fundamentalista de la economía de mercado. Ese fundamentalismo se ha expresado de formas distintas pero en Europa y, más en concreto, en el área del euro, esta visión, tan en boga en la última parte de los 90 y los 2000, se tradujo en un Pacto por la Estabilidad que sólo se interesaba en los desequilibrios financieros del sector público. De hecho, en toda la arquitectura institucional que debía permitir el funcionamiento de la divisa única no hay una sola referencia a los desequilibrios del sector privado.
Se creía, erróneamente como se ha visto, que los burócratas del sector público, y los intereses partidistas, presionarían de forma inevitable hacia el despilfarro de los dineros del contribuyente. Y por ello se articuló el procedimiento del déficit excesivo de las Administraciones públicas y el sistema de penalizaciones a él vinculado. Pero ni una referencia a que, agregadamente, es indiferente si el apalancamiento es del sector privado o del público: es el país el que está endeudado con el exterior. Y de esta forma fueron transcurriendo los 2000: reducción importante del déficit público, hasta convertirlo en superávit a partir de 2006, y ampliaciones, jamás contempladas anteriormente, de los desequilibrios ahorro-inversión del sector privado.
Para que el lector tenga una idea de lo sucedido entre 2001 y 2007, ahí están las cifras: mientras las Administraciones públicas pasaban de un déficit del -0,7% del PIB a un superávit del 2,2%, las familias empeoraban su posición, pasando del superávit al déficit (desde el 1,2% al -1,6% del PIB) y las empresas empeoraban radicalmente sus necesidades de financiación (del -4,0% al -10,3% del PIB), con lo que el saldo exterior se deterioró intensamente (del -3,5% al -9,7%).
Estas cifras reflejan, indirectamente y sólo de forma parcial (ya que no incorporan la inversión externa), el intenso proceso de apalancamiento financiero de familias y empresas. Los hogares aumentaron su deuda desde los 300.000 millones a los cerca de 900.000 millones de euros y las empresas no financieras desde los 570.000 millones a casi 1,5 billones. Este excesivo endeudamiento se encuentra, también, tras las dudas de los mercados financieros sobre la deuda pública española: presiona sobre el crecimiento futuro del país y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones.
Que el sector privado no tiene la racionalidad que se le presuponía es, posiblemente, la más amarga lección de la década prodigiosa. Quizás los burócratas públicos puedan generar problemas, pero los miopes agentes económicos privados parece que los provocan en mayor medida. Los Gobiernos y los reguladores deberían no olvidarlo.
Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona