Cerco a la economía sumergida

El fraude a la Seguridad Social crece un 60% desde el inicio de la crisis

Los inspectores del Ministerio de Trabajo recaudaron 1.425 millones de euros en impagos a la Seguridad Social el pasado año, un 60% más que en 2007. Otro tanto sucede con el fraude detectado por los agentes del fisco, que se elevó a 8.200 millones. Ambos departamentos han decidido unir sus esfuerzos ante la eclosión de economía sumergida que parece haber desatado la crisis.

Cómo se mide el peso del humo?". Cuenta la tradición que, ante este reto, el ingenioso marino sir Walter Raleigh pesó la ceniza de un cigarro para calcular el resto. Con algo tan etéreo y difícil de medir como la economía sumergida, sucede algo parecido. Pocos se atreven a cuantificar su peso con certeza, pero a tenor de la cantidad de ceniza -los impagos detectados- que están encontrando los inspectores de Trabajo y Hacienda, lo que parece claro es que el fraude tiende a aumentar cuando azota la crisis.

Los expertos cifran el peso de la economía sumergida en torno al 20% del PIB. Y la crisis, según apuntó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha incrementado la "economía irregular". De ahí que ambos departamentos, el de Corbacho y el de la ministra de Economía, Elena Salgado, unan ahora sus esfuerzos en la lucha contra el fraude.

No en vano, los inspectores y subinspectores del área laboral recaudaron el pasado año 1.425 millones de euros en impagos a la Seguridad Social, según informan desde Trabajo. En concreto, los expedientes liquidatorios de cotizaciones impagadas para su recaudación han sufrido un incremento del 60% desde que comenzó la crisis. Mientras que en 2007, el fraude detectado había disminuido, desde entonces se han encadenado dos años de incrementos consecutivos.

Las actas citadas pueden estar motivadas por tres modalidades distintas de impagos. La primera opción tiene lugar cuando la Inspección solicita a la empresa que pague una deuda y ésta la abona (recaudaciones inducidas). La segunda la componen aquellos casos en los que se detecta que la compañía cotiza por sus asalariados menos de lo que debería (actas de liquidación). En tercer lugar, se encuentran las situaciones en las que los empresarios ni siquiera presentan los boletines de afiliación de sus empleados, por lo cual, no cotizan nada por ellos.

Una posibilidad adicional es que los inspectores emitan expedientes de derivación de responsabilidades a las empresas que han asumido o subcontratado a otras sociedades que no están al día en sus pagos a la Seguridad Social.

Hasta el tercer trimestre de 2009, últimos datos desagregados de los que se dispone, la Inspección de Trabajo efectuó 803.129 actuaciones, por las que levantaron más de 69.000 actas que afectaron a 362.000 trabajadores.

Otro tanto sucedió en la Inspección de Hacienda, donde se recaudaron 8.200 millones de euros, 150 millones más que en el ejercicio anterior. La diferencia, no obstante, fue mucho mayor en el primer año de la crisis, cuando los impagos crecieron un 8% interanual. Pese a todo, las indagaciones de los técnicos de Economía registraron 1.600 millones más en 2009 de los que logró el plan antifraude sólo dos años antes.

En el caso de Hacienda, no obstante, el número de expedientes abiertos por delitos fiscales fue menor durante el último año que los anteriores, si bien la cuantía defraudada fue mayor. Desde Economía destacan que ante las dificultades de la crisis, la mayoría de los empresarios no caen en prácticas ilegales, sino que tratan de aplazar sus pagos. Así, 1.079.501 empresas retrasaron sus deberes tributarios por sus problemas de liquidez. El importe, nunca visto en las oficinas de Hacienda, alcanzó los 14.137 millones de euros.

Paralelamente, en la Seguridad Social concedieron a más de 50.000 empresas con problemas de tesorería el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a las arcas del sistema por valor de unos 8.000 millones de euros.

Novedades

Desde la puesta en marcha del anterior plan antifraude, en el año 2005, la Inspección de Hacienda ha recaudado 35.000 millones de euros defraudados al Estado. Una labor realizada con la cuarta parte de inspectores de los que dispone Francia. En el mismo periodo, se han detectado también más de 5.000 millones en impagos a la Seguridad Social. El Gobierno busca ahora reforzar la coordinación entre ambos gabinetes, para que ganen efectividad, haciendo que sus respectivos departamentos compartan la información de que disponen. Sin embargo, el nuevo plan aprobado el viernes en el Consejo de Ministros no es la única novedad con la que cuentan los inspectores.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el pasado mes otras iniciativas que facilitan su labor. Con la finalidad de "asegurar la colaboración y cooperación entre autoridades" de los distintos estados miembros de la Unión Europea, el Gobierno aprobó la "interrupción de plazos de caducidad". Así, cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social abre un expediente a una empresa, cuenta con un tiempo determinado para llevar a cabo la investigación. Sin embargo, la nueva normativa le permite parar el reloj de arena en el caso de que, por ejemplo, le falte cierta información de otro país europeo. El inspector podrá esperar hasta tener la información completa para poner en marcha de nuevo el contador.

La nueva legislación, además, impone que se comparta la información de los expedientes que afectan a varios países, a fin de que se conozcan los "hechos que puedan dar lugar a sanciones por otros estados miembros".

Existen, por otra parte, cambios que afectan a la organización interna de la Inspección. Corbacho y la consejera de empleo de la Generalitat catalana,Mar Serna, firmaron el viernes un acuerdo de colaboración entre las administra administraciones nacional y local que tiene por objetivo simplificar la cesión de parte de estas competencias. El convenio establece la creación del Consorcio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña, que deberá estar constituido antes de 1 de mayo. La medida, que cumple lo establecido en el Estatuto de Cataluña, abre la puerta a lo que en el futuro puede ser la norma en otras comunidades autónomas. Una razón más que exigirá el esfuerzo de transparencia informativa que el Ejecutivo planea llevar adelante.

Un cometido en el que Trabajo quiere involucrar a los agentes sociales, para que sindicatos y patronal participen activamente en la lucha contra el fraude desde su posición estratégica en cada sector de la actividad.