Cerco a la economía sumergida

El plan antifraude abandona el ladrillo para centrarse en la elusión del pago de cotizaciones

Salgado promoverá bases de datos conjuntas en Hacienda y la Seguridad Social para atajar la "economía irregular y el trabajo no declarado" El fin del boom inmobiliario, sector que ha centrado la atención de los inspectores fiscales en los últimos años, ha llevado al Ministerio de Economía a crear un nuevo plan antifraude que pondrá la lupa sobre la economía sumergida y las empresas que emplean a trabajadores sin pagar las cotizaciones sociales.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado.

El sector inmobiliario ya no es lo que era. Ello lo saben no sólo los promotores, sino también la Inspección de Hacienda, que en los últimos cinco años logró importantes ingresos al fijar su atención en un sector que, por su enorme peso en la economía, atraía a evasores y defraudadores. Ahora, la prioridad ha cambiado. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, presentó el viernes un nuevo plan para "dar respuesta a los cambios en la tipología del fraude a consecuencia de la crisis económica" y que se centrará en la "economía irregular y el trabajo no declarado".

Los expertos llevaban tiempo alertando que las diferencias entre las cifras de paro registrado que elabora el Ministerio de Trabajo y la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que existe una bolsa de trabajadores que figuran como parados y que, incluso, cobran prestaciones por desempleo. Atajar ese fraude será ahora una prioridad. Por otra parte, fuentes de la Agencia Tributaria indicaron que Hacienda extremará la vigilancia para detectar falsos autónomos, es decir, aquellos trabajadores por cuenta ajena que no figuran como tales. Con ello, los empresarios logran sortear el pago a la Seguridad Social. Por un trabajador con un salario medio de 21.000 euros, la empresa paga más de 6.500 euros en cotizaciones. Además, el bautizado como Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social -que permitirá ingresar 1.000 millones en 2013 según las previsiones del Gobierno- se fijará en el sector agrícola estacional para evitar engaños en la contratación de temporeros. Por otra parte, se extremará el control sobre el sistema de módulos -mecanismo por el que tributan los autónomos y pequeños comercios- y donde, según los inspectores de Hacienda, el fraude fiscal es notable y difícil de detectar.

Para cumplir estos objetivos, el Gobierno establecerá una mayor colaboración entre la inspección fiscal y laboral, que permitirá que ambos departamentos tengan acceso directo a las bases de datos de Hacienda y de la Seguridad Social. También se creará una Comisión Mixta entre ambas administraciones para coordinar las operaciones en expedientes especialmente relevantes y en procesos concursales. En cualquier caso, el nuevo plan no viene a sustituir el actual, que permitió ingresar 35.000 millones desde que entró en vigor en 2005, sino que será un complemento.

Los funcionarios de Hacienda acogieron las nuevas medidas con escepticismo. "No sabemos cómo lucharemos contra la economía sumergida si no tenemos ni un portátil", aseguró Francisco de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda, que reclama más medios para atajar el fraude fiscal. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda concluyeron que el plan era poco ambicioso.

Más convenios de intercambio de información fiscal

El nuevo plan contempla ampliar los convenios de doble imposición. Actualmente España negocio pactos fiscales con más de 20 territorios. Salgado también defendió que luchar contra los paraísos fiscales es una de las prioridades de España durante la presidencia de la UE. Uno de los principales objetivos pasa por aprobar una nueva directiva del ahorro, que actualmente permite intercambiar información entre países miembros sobre los rendimientos del ahorro de las personas físicas.

Sin embargo, Luxemburgo, Austria y Bélgica lograron que la ley no se aplicara en sus territorios y, así, pudieron mantener el secreto bancario. La directiva tiene importantes lagunas ya que no afecta a las empresas. Además, sólo contempla el intercambio de información para productos como depósitos y omite otros vehículos de inversión más sofisticados.

El nuevo plan

Las prioridades del gobierno

-Actividad irregular: Hacienda reforzará el control sobre la economía irregular y, en especial, sobre el trabajo no declarado y el contrabando.

-Colaboración: Hacienda y la Seguridad Social mantendrán bases de datos conjuntas y se coordinarán en operaciones de especial relevancia.

-Menos burocracia: Se reducen las obligaciones para las empresas que opten a concurso público.

-Publicidad: Se iniciarán campañas para elevar la conciencia fiscal.