El rechazo de los hosteleros obliga a Sanidad a retrasar la ley antitabaco
Marcha atrás en los planes de Sanidad contra el tabaco. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció a principios de año que aprobaría en el primer semestre del año, coincidiendo con la presidencia española de la UE, una ley para prohibir fumar en todos los espacios públicos cerrados, locales de ocio y restaurantes. "Las conversaciones están muy avanzadas y la posición es bastante mayoritaria en el seno del conjunto de grupos políticos", recalcó durante el anuncio.
Ayer, el departamento dirigido por Jiménez tuvo que retrasar sus planes y señalar que la ley, si sale adelante, lo hará como pronto el segundo semestre. La portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Pilar Grande, reconoció que la mayor dificultad en la búsqueda de consenso no viene del PP, sino de los hosteleros. "Estamos trabajando con ellos y estamos convencidos de que se va a llegar a un acuerdo, porque son personas responsables", matizó.
Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, Mario Mingo, advirtió ayer de que será "un problema" sacar adelante el endurecimiento de la actual ley antitabaco "si no se cuenta con el acuerdo de los hosteleros".
Las reacciones al retraso en la tramitación de la ley no se hicieron esperar entre los colectivos de lucha contra el hábito de fumar. La presidenta del Comité de Prevención del Tabaquismo (CNPT), María Ángeles Planchuelo, resaltó que no existe ninguna razón para ralentizar la reforma de la ley del tabaco al considerar que se trata de una medida sanitaria dirigida a la protección de la salud de los ciudadanos. "Sería muy triste cualquier retraso en una medida que es estrictamente de salud pública de primer orden porque el tabaquismo es la primera causa de enfermedad y muerte en los países industrializados", aseguró.
Impacto en hostelería
La Federación Española de Hostelería advirtió ayer que la propuesta de prohibir fumar en todos los espacios públicos cerrados le ocasionaría unas pérdidas anuales de 33.300 millones de euros, provocaría el cierre de 70.000 bares y la pérdida de 200.000 empleos.