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La reforma laboral que viene

Los socialistas ven a salvo la complicidad sindical

José Luis Rodríguez Zapatero tenía 28 años y hacía pocos meses que ejercía como secretario general de la Federación Socialista de León cuando vio que la pantalla de la televisión pública se quedaba en negro como consecuencia de la huelga general convocada por los sindicatos en diciembre de 1988, en protesta por una reforma laboral que pretendía fomentar el empleo juvenil y que luego nunca vio la luz tal cual en los sucesivos gobiernos de Felipe González.

Dicen quienes conocen bien al presidente que ese apagón le marcó de por vida y que es uno de los principales condicionantes que han influido en su forma de gobernar desde 2004: en lo que esté en sus manos, intentará evitar una huelga general como aquella o movilizaciones como las que surgieron en 1985 contra la reforma de la pensiones y, ya con José María Aznar en La Moncloa, contra el famoso 'decretazo'.

Si se analizan con perspectiva las cinco reformas laborales que desde su nacimiento, en 1980, ha afrontado el Estatuto de los Trabajadores, cabe dar la razón a Zapatero cuando sostiene que las que más frutos han rendido no han sido, precisamente, las que originaron revueltas callejeras sino, bien al contrario, las que se alumbraron al abrigo del consenso entre empresarios y sindicatos.

Quizás la mejor demostración de ello fue la reforma que el ex ministro de Trabajo del PP, hoy número tres del partido, Javier Arenas, promovió en 1997, durante la primera legislatura de Aznar, cuando con tres millones de parados se decidió a reducir la contratación temporal y a fomentar la indefinida con una indemnización menor en caso de despido improcedente.

Al igual que le ocurrió a González, Aznar perdió la empatía con los sindicatos en su segunda legislatura, el mismo peligro que corre ahora Zapatero si no controla los nervios, coordina mejor su política económica y huye de las improvisaciones. González pagó cara su ruptura con la UGT de Nicolás Redondo, Aznar tuvo que prescindir de Juan Carlos Aparicio y fichar a Eduardo Zaplana para recomponer su relación con las centrales y ahora muchos en el PSOE se temen que Zapatero también tenga que realizar algún gesto con contenido para recuperar la confianza de su amigo Cándido Méndez y, sobre todo, de Ignacio Fernández Toxo, quien ha reconocido que después de las vacaciones navideñas salió de La Moncloa con la sensación de haber convencido al presidente de que era una mala opción retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años.

Es evidente, afirma un alto cargo de la dirección del PSOE, que la gravedad de la recesión ha hecho añicos la coherencia del Gobierno en política económica y la facilidad de la que ha disfrutado hasta ahora para entenderse con los sindicatos. Un ministro en activo va todavía más allá. Cabría preguntarse, primero, si hay una estrategia definida de política económica y, segundo, si estamos acertando a la hora de explicarla, dice. A la primera pregunta responde algo dubitativo que sí, pero a la segunda, rotundamente que no. Y en ello coincide con no pocos dirigentes socialistas del ámbito nacional y autonómico.

Y cuando el interrogante es si el debate sobre las pensiones y la reforma laboral terminarán incendiando la relación del Gobierno con los sindicatos, la respuesta mayoritaria en el PSOE, sobre todo de los más veteranos, es negativa. Veremos.

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