La nueva ley permitirá conocer los costes de la energía nuclear

Además de la convocatoria para optar al ATC, que se ha plasmado en una resolución de Industria, el último Consejo de Ministros decidió lanzar nuevos globos sonda sobre el proyecto de ley de Economía Sostenible, que aún no ha llegado al Congreso. El Gobierno ha hecho un amago de enviar el proyecto de ley a la Comisión de la Energía (algo nada habitual, pues el regulador sólo dictamina normas de rango inferior), pero, finalmente, se ha retractado.

Entre las píldoras figuran algunas relativas a los cambios que se van a introducir en la Ley de Energía Nuclear a través de la de Economía Sostenible. Como ya es conocido, se fija la vida útil de una central nuclear en 40 años (prorrogables) y se obligará a las eléctricas a segregar sus activos nucleares en sociedades independientes (en estos momentos, esto ocurre sólo en el caso de Garoña, que gestiona Nuclenor, sociedad al 50% entre Endesa e Iberdrola).

Aunque, a falta de conocerse el texto completo, estas medidas se han interpretado como una política de entrega del Gobierno al lobby nuclear, ambas son relevantes. En este último caso, la segregación permitirá conocer los costes reales del kilovatio nuclear y, por ejemplo, lo que reciben como incentivos (caso de los llamados CTC).

En cuanto a la prórroga a partir de los 40 años, el Gobierno se libra de la opinión del Consejo de Seguridad Nuclear, pues el permiso para que las empresas puedan solicitar a este organismo una prórroga lo tendrá que dar antes el Gobierno.

En el CSN

Otro proyecto de ley del paquete nuclear es el de la responsabilidad civil por daños, que amplía las cantidades a asegurar por las centrales. Un proyecto "secreto" que se remitirá al Consejo de Seguridad Nuclear y al Consejo de Estado antes de ir al Congreso.