Un cascabel para el cine español
El auto del Tribunal Supremo que cuestiona la constitucionalidad de las normas que obligan a las televisiones a destinar un 5% de sus ingresos al cine europeo y español ha hecho saltar el delicado equilibrio que existía en este asunto en los últimos años y es la antesala de lo que puede convertirse en un serio problema para el Ejecutivo.
En 1999, el último Gobierno de Aznar aprovechó la transposición de una directiva europeo para forzar a los operadores de televisión a financiar las producciones de cine y televisión europeas, con especial atención a las de origen español. Una obligación que se ha mantenido, y desarrollado, en los mandatos del presidente Rodríguez Zapatero. De hecho, el proyecto de Ley Audiovisual que se tramita en el Parlamento incorpora nueva obligaciones en relación a las producciones independientes y amplía el catálogo de productos en los que se puede invertir a series, documentales y dibujos animados.
Más de 1.000 millones
El Gobierno va a afinar las obligaciones previstas en la nueva Ley Audiovisual
Hasta ahora, las televisiones, aunque críticas con la medida, han cumplido con las exigencias legales. De hecho, han aprovechado para hacer negocio y, en la práctica, se han convertido en las principales productoras de cine en España con títulos notables, como Ágora o Alatriste, por ejemplo. De 1999 a 2007 (últimos datos disponibles), el sector ha destinado al cine más de 1.116 millones de euros, de los que 814,6 millones han sido para producciones españolas.
Sin embargo, la pregunta de los operadores es si el dinero que ha ido a parar a los productores de cine ha servido realmente para crear una industria nacional. Y la respuesta generalizada es que no. "El cine español está en la UCI. Después de diez años de financiación por parte de las televisiones, se siguen produciendo películas que son un fracaso o ni se emiten", subrayan en fuentes de las cadenas.
De momento, nadie se atreve a ponerle el cascabel a un sector que ya cuenta con un marco de financiación "privilegiado" (según el propio Supremo), con créditos a tipos inferiores a los de mercado subvencionados con fondos públicos; con ayudas públicas directas a la producción y al desarrollo de guiones; y con incentivos a la distribución de las películas europeas en las salas españolas.
En este contexto, la posible inconstitucionalidad de la financiación adicional por parte de las televisiones debería servir como aviso para navegantes y hacer reaccionar al sector del cine para que se oriente hacia un modelo de negocio más eficiente e independiente de ayudas externa. El Gobierno, por su parte, tendría que comenzar a estudiar alternativas al esquema de financiación actual, lo que debería pasar por nuevas negociaciones con los operadores de televisión. De momento, pretende afinar las obligaciones previstas en la nueva Ley Audiovisual en el trámite de enmiendas en el Congreso, el próximo 7 de enero.
Pero en este asunto, las televisiones tampoco deberían lanzar las campanas al vuelo. El Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el tema. Y no sería la primera vez que le enmienda la plana al Supremo.