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Búsqueda de solvencia

Caixa Galicia y Caixanova inician hoy la ronda de negociaciones sobre su futuro

Altos directivos de Caixa Galicia y de Caixanova están convocados hoy por la Consejería de Hacienda para iniciar el análisis de los datos técnicos sobre la situación económica de las dos cajas gallegas para intentar articular una "estrategia común" dentro del plazo máximo de una semana que dio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a ambas entidades para decidir soluciones dentro del panorama de reestructuración financiera.

Fuentes de Caixa Galicia expusieron a Europa Press su satisfacción por la decisión de la Xunta, como "regulador" de las cajas, de buscar una negociación de las dos entidades gallegas para decidir "si se puede hacer un buen proyecto de fusión y hacerlo lo antes posible, o abrir otras vías con un plan B". Así, estas fuentes indicaron que a la vista de los datos técnicos habría que decidir si la fusión "sería viable", pero puntualizaron que si al final no se llega a un proyecto conjunto, abrirá "otra vía cuanto antes".

Por su parte, fuentes de Caixanova se limitaron a transmitir que la entidad con sede en Vigo está abierta a "estudiar la propuesta de la Xunta y después exponer su valoración", pero recordaron que su presidente, Julio Fernández Gayoso, "ya presentó hace semanas su propuesta" -en la que rechazó la vía de la fusión con Caixa Galicia- y que por el momento se mantiene "en la misma línea".

Mientras Caixanova evitó pronunciarse sobre el anuncio del presidente de la Xunta de que impulsará, "en el menor plazo posible", la reforma de la Ley de Cajas para "reforzar las labores de protectorado" sobre las cajas, las fuentes de Caixa Galicia consultadas aplaudieron esta iniciativa y se mostraron abiertas a que la Xunta refuerce su representación en su consejo de administración. "Es adecuado reformar la ley para adaptarla a los nuevos tiempos y estamos a favor de todo lo que sea aumentar los controles, la profesionalización y la mejora de la transparencia", apuntaron.

En cualquier caso, tanto fuentes de la Xunta como de Caixa Galicia indicaron que en virtud de la vigente legislación autonómica en materia de cajas, ya está previsto que un sistema institucional de protección (SIP) -vía planteada por Caixanova- requiere también la autorización expresa de la Consellería de Facenda.

Para sostener este extremo se amparan en el artículo 35.3 de la legislación vigente, en el cual se señala que "el consejo de administración podrá delegar alguna o algunas de sus facultades de gestión en los órganos de gobierno de las entidades que constituyan y articulen alianzas entre cajas de ahorros o los creados al efecto en el seno de la Confederación Española de Cajas de Ahorros", pero se apunta que estos acuerdos "requerirán la autorización previa" de la Xunta.

Ronda de contactos de Fijóo

Por su parte, tras la reunión de ayer con el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, y con el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, el presidente de la Xunta se reúne hoy con el secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, y con el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, para analizar el futuro de las cajas gallegas, aunque fuentes del Gobierno puntualizaron que no podrá dar todos los datos de los cuales dispone dada la confidencialidad de algunos detalles financieros.

El BNG acude a esta reunión con la postura de apoyo a la fusión de las cajas, mientras que el PSdeG no ha definido una postura autonómica, pero por ejemplo el alcalde de Vigo, Abel Caballero, rechazó la integración de ambas entidades, mientras que el presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, que es vicepresidente de Caixa Galicia, había apostado públicamente por la integración de las dos entidades.

Mañana será el turno de la patronal, que acudirá al encuentro con representación de las organizaciones provinciales. Los secretarios generales de los sindicatos -UGT, CC.OO. y CIG- están convocados a un encuentro con Feijóo el viernes, a las 10.00 horas. El pasado jueves, el máximo mandatario gallego se había dado un plazo de 10 días para consensuar una decisión sobre el futuro de las cajas gallegas.

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