Máximo 'rating' crediticio para la deuda eléctrica
æscaron;ltimos pasos para la titulización del déficit tarifario
Quedan todavía pasos por dar y etapas por cerrar, pero en medios de la operación y en el mercado se da por hecho que la titulización del déficit tarifario, que ascenderá a unos 10.000 millones de euros, contará con el mismo rating que el Reino de España. Varias son las razones que posibilitarán esa concesión por parte de las agencias que calificarán la operación -previsiblemente Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch-. Una es que los ingresos están asegurados a través de la tarifa, pero el factor más importante es que la transacción tiene detrás el aval del Estado. De esta forma, la deuda eléctrica tendrá previsiblemente la triple A por parte de las citadas Moody's y Fitch, y AA+ por S&P.
Un precedente cercano, anunciado la pasada semana, ha sido la otorgación por las tres agencias de su nota más alta a las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Argumentaban que esta entidad cuenta con "la irrevocable e incondicional garantía del Estado español".
Esas calificaciones permitirán mejores condiciones para una colocación de un volumen tan elevado y en un mercado que, aunque está muy abierto al papel emitido por organismos y empresas, exige retribuciones más elevadas ante cualquier eventual riesgo. No obstante, se espera que ofrezca una remuneración más alta que la deuda pública. Porque no se trata sólo de solucionar los problemas del sector; el Estado es tan protagonista en esta titulización récord con fuerte proyección internacional que la Administración intenta que se cierre con un éxito incuestionable.
Ahora, después de ver cómo se desarrollaba un complejo proceso en los últimos meses, predomina el optimismo entre las compañías ante la inminencia de su final. Y no se pierde la esperanza de que la operación pueda hacerse antes que concluya el año, lo que permitirá sacar de sus balances miles de millones de euros antes del cierre del ejercicio.
El siguiente movimiento vendrá del lado del Gobierno, con la aprobación de un real decreto que fijará con detalle las características del producto financiero que se distribuirá entre los inversores. Pero en paralelo a la redacción de ese texto legal, que deberá contar con el visto bueno del Consejo de Estado, otras entidades trabajan para encajar todas las piezas.
Una fase importante que ya se superó fue la elección de la sociedad Titulización de Activos (TdA) como gestora, y la próxima será la selección de los bancos colocadores. En principio, para colocar los 10.000 millones se formaron dos grupos. Uno está formado por BBVA, Santander, Citi, BNP, Barclays y JPMorgan. Otro está constituido por La Caixa, Caja Madrid, HSBC y Calyon. No obstante, se espera que dada la cuantía se produzca un reparto, por lo que todas las entidades financieras se harán con un trozo de la tarta.
Aunque el proceso está abierto, la idea que predomina es que el producto final, pese a que se dirija a inversores institucionales -fondos de inversión, de pensiones y compañías de seguro- sea lo más sencillo posible, en la medida de lo factible para un activo de esas características. Previamente deberá ser aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)).
Por ello, aunque el plazo de los derechos de cobro del déficit se alarguen por 15 años, la gestora y los bancos podrán rediseñar y reempaquetar ese pasivo para que la vida del producto que se venda quede aproximadamente en los cinco años.
La cifra
10.000 millones de euros son los derechos de cobro a cargo de la tarifa eléctrica que ahora se tiulizarán, pero después se añadirían otros 10.000 millones.