Auditorías responsables y más transparentes
Una responsabilidad ligada al daño causado, mayores exigencias de independencia y más transparencia. Son tres de los ingredientes con los que el Gobierno ha elaborado la receta de la que será la norma bajo la que dentro de poco se regirá el sector auditor en España. Los profesionales de la auditoría no esconden su satisfacción al ver que sus viejas reivindicaciones, especialmente las relacionadas con la limitación de su responsabilidad, van a verse plasmadas pronto en una ley. El Consejo de Ministros que se celebra hoy tiene previsto aprobar el proyecto de la norma, que antes de entrar en vigor, debe pasar por su correspondiente tramitación parlamentaria.
La actual ley de auditoría que, aunque ha sufrido algunas modificaciones es en su mayor parte de hace ya dos décadas -se promulgó en 1988-, no limita la responsabilidad de los auditores, aunque sí lo hizo la directiva de 2006 que España transpondrá ahora a través de la nueva ley. El futuro texto sí delimitará la responsabilidad de estos profesionales para dejar sentado que sólo responderán de los daños que les sean directamente imputables y no por los perjuicios causados por la entidad auditada o por un tercero, como hasta ahora.
A cambio, se refuerzan los requisitos de independencia. La actual ley ya avanzaba que los profesionales de la auditoría deben ser como la mujer de César: no sólo deben ser independientes, sino además parecerlo. Pero la futura norma ahondará en las exigencias y añadirá que "deberán establecer medidas de salvaguarda que permitan detectar las amenazas a la citada independencia, evaluarlas, reducirlas y cuando proceda, eliminarlas".
Además, estos requisitos de salvaguarda deberán revisarse periódicamente y aplicarse de manera individualizada para cada trabajo de auditoría. Estas medidas tendrán que quedar documentadas en los papeles de cada revisión de cuentas y se refieren, por ejemplo, a aspectos relacionados con la autorrevisión de los trabajos, las relaciones con la abogacía, la familiaridad o incluso la intimidación. A pesar de todo, no es una cuestión que aparentemente preocupe a unos profesionales acostumbrados a certificar cada uno de sus trabajos. Sin embargo, algunos de ellos apuntan que no será fácil delimitar en algunos casos los supuestos en los que corra peligro la independencia.
La última pata sobre la que se asienta la ley que comenzará a tramitarse en breve en el Congreso, es la del incremento de la información. Los profesionales y las firmas que auditen a entidades de interés público (las supervisadas por la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros) y a otras grandes empresas tendrán que publicar un informe anual de transparencia. El documento deberá describir desde la forma jurídica de la sociedad y de sus órganos de gobierno, a los clientes considerados de interés público, pasando por el volumen de negocios -en el que se desglosarán los ingresos provenientes por auditoría y de otros trabajos-. Incluso se deberán incluir las bases de remuneración de los socios. Todo un ejercicio de transparencia para unas firmas y una profesión que deberá así predicar con el ejemplo.