Ahorro necesario para la Administración pública
La Administración pública constituye el principal ocupante en España de espacio de oficinas, especialmente en capitales autonómicas y provinciales, donde se concentra el volumen principal de funcionarios usuarios de estos inmuebles. En Madrid, que con 15 millones de metros cuadrados de oficinas constituye el principal mercado nacional, se estima que ocupa el 20% de este stock.
En un marco coyuntural como el actual, la contención del gasto público debería ser una de las prioridades, a lo que sin duda contribuiría la realización e implementación de un plan de optimización inmobiliario. æpermil;ste busca alinear la estrategia inmobiliaria ocupacional con la estrategia corporativa o administrativa.
En muchos casos, la empresa privada aplica estos procesos con el fin de optimizar el coste inmobiliario por empleado maximizando la aportación de los inmuebles ocupados al negocio principal. En el caso de la Administración, el principal objetivo pasaría por ajustar el coste inmobiliario por funcionario y la optimización de la estructura de ocupación inmobiliaria como herramienta fundamental en la labor de servicio al ciudadano.
Se trataría de aplicar a la empresa pública estrategias contrastadas por la privada. La relativa facilidad de aplicación de este plan con respecto a otras medidas de ahorro en costes deberían posicionar esta opción a la cabeza de la agenda de prioridades actuales de la Administración.
Como referencia, el coste inmobiliario por empleado en una ciudad como Madrid, compuesto, en el caso de un inmueble en arrendamiento, por el precio de alquiler en base a su calidad y ubicación y la eficiencia del uso de su superficie (medido en términos de superficie ocupada por empleado), podría moverse en el rango de entre los 250 euros al mes y los 900 euros al mes. Esto refleja la importancia de adecuar el perfil de los activos inmobiliarios a la actividad que se realiza en los mismos, identificando si dichos inmuebles aportan, o no, valor al desarrollo del negocio principal.
En base a estos criterios, un escenario basado en el movimiento de empleados a ubicaciones secundarias con respecto a las actuales redundaría generalmente en un ahorro en el coste inmobiliario por empleado. Sin embargo, no siempre esta premisa es deseable, ya que este movimiento puede, en el caso de la Administración, afectar negativamente a la prestación de servicio al ciudadano.
De esta manera, un plan de optimización inmobiliario se focaliza en primer lugar en el conocimiento en detalle de la estructura operativa y de necesidades de la Administración. En segundo lugar, en la identificación de las ubicaciones óptimas para el ejercicio de cada actividad. En tercer lugar, en el uso eficiente y racional de espacios ocupados. Finalmente, en la liberación y puesta en valor (social o económico) del espacio sobrante.
La eficiencia en el uso de los inmuebles se consigue a través de la implantación de modelos de trabajo adecuados y nuevas tecnologías, que no sólo generarán un ahorro en costes inmobiliarios y operativos, sino también, una mejora en la actividad pública, elevando el nivel del servicio y la satisfacción al ciudadano y empleado.
Tampoco debemos olvidar que la reducción de consumos energéticos se está convirtiendo en uno de los objetivos de las entidades privadas más concienciadas con la sostenibilidad. Las iniciativas se dirigen a la reducción de las emisiones de CO2 logrando a su vez una disminución de los costes operativos al regular los consumos energéticos. Algunas de estas empresas han conseguido ahorros de entre el 20% y el 25%, con inversiones amortizadas en menos de dos años, por medio de estas iniciativas. Es el momento de trasladar estas políticas exitosas de eficiencia energética a las Administraciones públicas, que pueden no sólo ahorrar costes, sino mostrar liderazgo en la aplicación de medidas que los gobiernos promueven para la protección del medio ambiente.
Un plan de optimización de espacios inmobiliarios contribuirá a proporcionar una ventaja competitiva a las Administraciones públicas, mostrando una identidad de modernidad, compromiso con el medio ambiente, eficiencia y transparencia.
Rafael Powley. Director Asociado del Departamento de Consultoría Estratégica de Jones Lang LaSalle