COLUMNA

A vuelta con las reformas

A vuelta con las reformas improbables. Las llamadas reformas estructurales deben estar orientadas a la dinamización de la actividad empresarial y profesional y a la mejora de la productividad. El problema de productividad de la economía española está fundamentalmente en los servicios. Entre 1995 y 2007 la productividad del conjunto de la economía ha crecido a una tasa anual inferior a medio punto, la mitad que en el conjunto de la UME, pero el crecimiento de la productividad en los servicios (que representa dos tercios del empleo) no ha llegado a una décima. Y la respuesta a ese problema que lastra la eficiencia de todo el sistema productivo no está en el I+D+i, encomiable por otros motivos.

Además de la reforma educativa, las reformas necesarias están en las Administraciones públicas, la administración de la justicia y los mercados. Mi impresión, insisto, es que es improbable que se avance en ninguna de las tres áreas. No está en el debate algo evidente para cualquier empresario y para cualquier analista institucional: lo gravoso que resulta para las empresas y profesionales las cargas burocráticas y las ineficiencias en la gestión supervisora que se otorga a la Administración. Ineficiencia que se ve agravada por la falta de responsabilidad de los gestores públicos y por incidir en una misma actividad competencias supervisoras de los distintos niveles de la Administración que actúan sin coordinación. Pero los partidos han consolidado su poder en todas las esferas de la Administración y no tienen interés en cambiar la situación, por lo que no es probable que se emprendan reformas significativas en esta área.

La instrumentación política de la justicia y su deslegitimación ante el ciudadano no es el marco adecuado para que se produzca una efectiva modernización del aparato de justicia. Tampoco lo es la percepción de que el poder legislativo (los partidos) se inclinan con demasiada facilidad ante los intereses corporativos.

Impulsar la competencia y la eficiencia en los mercados de bienes y servicios necesita de reformas normativas (eliminar o reducir restricciones al ejercicio de las actividades) y de que la supervisión sea eficiente y transparente. Hay quien piensa que el cambio de la norma es suficiente para impulsar la competencia, pero un mal supervisor (o un mal gestor de las normas) puede convertir en una carga la mejor norma. Y los supervisores no son sólo las grandes agencias responsables de distintos mercados, sino miles de instancias administrativas que tienen capacidades supervisoras efectivas. De ahí la importancia de una Administración eficiente y una justicia ágil.

El poco avance en estos frentes no es producto ni del desconocimiento ni de la falta de propuestas. Tanto en Bruselas como en los servicios de la competencia españoles existen informes de calidad más que aceptable. Pero como decía un experto en competencia al referirse a la Directiva de Servicios, las propuestas iniciales de los expertos europeos proponían una reforma de 100, la Directiva acaba reflejando 20 y cuando se acabe de transponer a España será de 10 (cuando los servicios españoles habían propuesto 30).

En este proceso de pérdida del impulso reformador están los lobbies. En principio los lobbies juegan el papel de informar a legisladores y políticos de la realidad sobre la que se están pronunciando. El problema surge cuando no hay lobbies que se compensen unos a otros y los políticos carecen de liderazgo. En España los intereses corporativos de procuradores y notarios se han revelado por encima de los intereses de los empresarios, que sufren los excesos de estos profesionales. Habrá que pensar, que los órganos que representan a los empresarios están más en la promoción de sus líderes que en la defensa de los intereses de sus representados. Y habrá que preguntarse por qué los partidos políticos permiten ese desequilibrio ("¿Quién teme al procurador feroz?", se preguntaba un experto en competencia).

También convendría reformar el mercado laboral en tres aspectos. El modelo de negociación colectiva, venciendo la resistencia de las cúpulas de patronales (de nuevo no actúan en beneficios de sus representados) y sindicatos a permitir convenios de empresas. La contratación laboral, yendo a un contrato único con coste de despido algo más bajo en los de larga duración y más altos en los de baja duración (un mes por año trabajado con un mínimo de un mes, aunque haya trabajado sólo semanas, y un máximo de 12) y habiendo mayores incentivos para contratos indefinidos a tiempo parcial. La protección al desempleo, haciéndola más larga en épocas de paro alto pero condicionándola a asistencia a cursos y a aceptación de ofertas. Pero tampoco se hará mucho. Los intereses corporativos de unos pocos y el carácter encuesta-dependiente de los políticos desvirtuarán cualquier reforma.

Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis económico de la UCM