La CE obligará a España a suprimir los subsidios a la inversión exterior
El Gobierno negocia con Bruselas para evitar la devolución de cientos de millones de euros La Comisión Europea declarará ayuda de estado ilegal la normativa fiscal que han aprovechado empresas como Telefónica, Iberdrola o Santander para llevar a cabo su expansión internacional. El Gobierno negocia contrarreloj para lograr, al menos, que Bruselas no exija la devolución retroactiva de esas ayudas.
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, cerrará "bastante pronto", según fuentes comunitarias, la investigación abierta hace dos años sobre la normativa fiscal española que ofrece importantes deducciones a las empresas radicadas en España que compran participaciones en compañías de otro país. El veredicto, según todas las fuentes consultadas, será negativo, lo que obligará al Gobierno español a suprimir ese régimen.
La discusión entre Madrid y Bruselas se centra ahora en el impacto del dictamen comunitario en las empresas que se han beneficiado de esa ayuda fiscal. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, se trasladó ayer por sorpresa a Bruselas para intentar limitar al máximo el alcance retroactivo del dictamen de Kroes.
Tras el encuentro, y en declaraciones recogidas por Europa Press, Salgado afirmó que las beneficiarias "seguro que no" tienen que devolver las ayudas.
Otras fuentes conocedoras del expediente, sin embargo, no se muestran tan tajantes sobre ese extremo.
La clave del desacuerdo entre Salgado y Kroes gira en torno a la fecha en que la decisión comunitaria debe hacer tabla rasa para el futuro.
España defiende que se exonere de toda responsabilidad a las empresas beneficiadas hasta el momento en que Bruselas adopte su dictamen negativo, es decir, borrón y cuenta nueva a partir del año que viene. La CE, en cambio, parece querer retrotraer el fin de la inmunidad hasta la fecha en que se inició la investigación, es decir, en octubre de 2007. En ese caso, las empresas que se hayan acogido al régimen presuntamente ilegal en 2008 y 2009 podrían verse obligadas a devolver las ayudas recibidas y a renunciar a las que esperaban recibir en los próximos años.
Aun así, fuentes comunitarias reconocen que es "muy improbable" que Bruselas reclame la devolución de unas ayudas "de tanta envergadura" [algunas estimaciones apuntan a 30.000 millones de euros].
Deducciones fiscales
Las cifras en juego, en efecto, son multimillonarias porque las medidas fiscales amenazadas por Bruselas se aplican desde el 1 de enero de 2002. Desde ese año, las empresas establecidas en España pueden deducirse durante 20 años el fondo de comercio (diferencia entre el precio pagado por la adquisición de un activo y su valor contable o de mercado) que resulte de la compra de una participación de al menos el 5% en cualquier empresa extranjera.
La medida pasó inadvertida hasta que las grandes compañías españolas comenzaron una expansión sin precedentes. Desde entonces, llamó la atención de la prensa especializada en particular, en el Reino Unido, donde, entre otras operaciones, Telefónica adquirió O2 y Santander varias entidades financieras.
La gota que colmó el vaso fue la adquisición de Scottish Power por parte de Iberdrola. Un europarlamentario socialista escocés, DavidMartin, se quejó ante la Comisión y acusó a la eléctrica española de haberse "beneficiado irregularmente de una ayuda estatal en forma de prima fiscal".
España ha defendido desde entonces la legalidad de su régimen fiscal, esgrimiendo como defensa el hecho de que pueden beneficiarse todas las empresas radicadas en el país, con independencia de su nacionalidad. Pero el departamento de Kroes parece convencido de que se trata de un incentivo excepcional destinado a facilitar la inversión de las empresas españolas en el extranjero. En ese sentido, Bruselas recuerda que en las operaciones nacionales la amortización del fondo sólo es posible cuando se lleva a cabo la absorción de una empresa y la parte financiera de ese fondo no puede amortizarse.
¿Se ensaña Bruselas con el régimen español?
Cada vez que la Comisión Europea ultima un dictamen negativo contra los supuestos intereses de un país, los perjudicados invocan una flagrante discriminación en cuanto al trato concedido a otros países.Es probable, que con el veredicto sobre las deducciones fiscales del fondo de comercio se produzca un desgarro de vestiduras patrióticas similar. Pero esta vez, quizá, la indignación esté bien fundada. Entre otras cosas, porque la propia Comisión Europea avaló en 2006 las normas ahora cuestionadas, al señalar, en respuesta a la pregunta de una europarlamentaria británica, que "se aplican a todas las empresas en España, independientemente de su tamaño, sector, naturaleza legal o si son de propiedad pública o privada". "Por consiguiente", añadía la Comisión Europea, "no parecen caer dentro del ámbito de aplicación de las reglas sobre ayudas de Estado".La confianza de España en la legalidad de su régimen también pareció reforzarse el pasado mes de julio, cuando la Comisión dio el visto bueno, sólo con ligeras modificaciones, a un régimen fiscal holandés para grupos internacionales.A la vuelta del verano, sin embargo, Madrid vio esfumarse todas sus esperanzas de obtener una decisión de la CE favorable a su régimen fiscal.