Un proceso doloroso pero necesario
La presentación ayer de los Presupuestos Generales del Estado es una buena excusa para reflexionar acerca de la situación de nuestras cuentas públicas. España se enfrenta en estos momentos a una posición fiscal inédita: de un superávit de 2,2% del PIB en 2007 hemos pasado, en apenas dos años, a un déficit que cerrará 2009 cerca del 9,5% del PIB.
Casi la mitad de esta variación, alrededor del 44%, ha venido causada por la caída en la recaudación de los impuestos, mientras que el restante 56% ha venido por incrementos de gasto, fundamentalmente prestaciones sociales y transferencias. La fuerte caída de ingresos, que no ha tenido parangón en otros países europeos ni en nuestro pasado reciente, ha sido debida al fin del boom inmobiliario, el hundimiento de las ganancias de capital, a la fuerte progresividad del IRPF y a la frenada de ingresos de la Seguridad Social, cuyos enormes superávits recientes nos daban una visión engañosa de la situación presupuestaria real.
Aunque la recuperación de la economía que se puede vislumbrar en el medio plazo ayudará a que la recaudación se reanime y que los pagos por prestaciones sociales se reduzcan, es vano esperar que regresemos a los niveles de superávit de 2007. En primer lugar, porque el boom inmobiliario no se repetirá y éste era el causante de más de un tercio de nuestro superávit en ese año. Segundo, porque hemos empeorado el gasto de forma estructural, principalmente a causa de los cambios en la financiación autonómica. Tercero, porque el efecto de envejecimiento de la población se va a hacer cada vez más presente en nuestro gasto en sanidad y pensiones (España es uno de los países occidentales que más habrá de sufrir este efecto).
Este diagnóstico nos lleva a concluir que la sostenibilidad presupuestaria en el medio plazo sólo puede ser asegurada por un proceso doloroso pero necesario de consolidación fiscal. Parte de este proceso tendrá que venir por el gasto, en especial afrontando el problema del personal de las Administraciones, que tanto en tamaño de funcionariado como en subida injustificada de salarios ha presionado en las cuentas públicas en los últimos años, y por la reducción del consumo público.
Pero parte del proceso también deberá aparecer por el lado de los ingresos pues no es realista pensar que podamos cerrar toda la brecha presupuestaria recortando consumo público (y las transferencias, nos guste o no, son políticamente intocables). Condicional en esta necesidad, la subida del IVA es quizás la menos mala de las opciones en un abanico de medidas desagradables. Primero, porque nuestra imposición al consumo es baja en comparación con nuestros socios europeos. Segundo, porque es un impuesto menos distorsionante que las alternativas (IRPF, sociedades o cotizaciones sociales).
Pero en el corto plazo, lo que más nos preocupa son las disposiciones de una Ley de Economía Sostenible que parece abogar por el gasto desbocado en muchos sectores con dudosa justificación y que dificultará sobremanera el avance por esta imperiosa senda de consolidación fiscal.
Fernández-Villaverde es profesor en la Universidad de Pensilvania y Rubio es profesor en la Universidad de Duke. Ambos son investigadores de Fedea