El negro futuro nuclear en España
La polémica sobre la prórroga del plazo de vigencia de la central de Santa María de Garoña y el interés por recuperar la minería del uranio en España han vuelto a plantear el debate sobre la energía nuclear.
España cuenta con la segunda mayor reserva de uranio de Europa. Sin embargo, su explotación se abandonó definitivamente en el año 2000, obligando a importarlo actualmente de Canadá, Australia o Níger.
El debate se ha centrado en una presunta antítesis entre cuestiones medioambientales y progreso económico y tecnológico. Pero ya se han alzado voces reclamando una modificación normativa tendente a la apertura de nuevas instalaciones (la última tuvo lugar en el año 1987) y a la explotación de las reservas. Nuestra Ley de Energía Nuclear, que se remonta a 1964, se halla manifiestamente obsoleta.
España dispone en la actualidad de seis centrales nucleares y ocho reactores. Generan el 17,8% de la energía eléctrica a nivel nacional (*), pero dejarán de funcionar en un plazo de cinco años. Para el verano de 2010 está previsto el cierre de Almaraz y Vandellós II, en el año 2011 dejarán de funcionar Cofrentes y Ascó, Garoña en 2013, y Trillo en noviembre de 2014.
Por su parte, Francia dispone de 20 centrales nucleares (con 59 reactores) lo que supone un 76,8 % de la energía eléctrica generada (*). La legislación francesa data de los años cincuenta, habiendo sido revisada entre los años 2003 y 2004 a fin de regular los dos problemas fundamentales relacionados con la energía nuclear: la seguridad y la gestión de los residuos.
Alemania tiene 17 centrales que representan el 23,2% de la energía eléctrica. Su legislación se ha reformado en los años noventa y ampliado durante la presente década.
Estados Unidos posee 104 centrales nucleares, suponiendo el 19,4% de la energía eléctrica generada. La Administración norteamericana ha apostado claramente por la energía nuclear introduciendo recientemente novedades legislativas, prorrogando autorizaciones de las centrales existentes y permitiendo la ampliación de su capacidad de producción. No está prevista una próxima fecha de cierre, y sí en cambio la apertura de nuevas instalaciones.
Tras unificarse procedimientos dispersos y simplificado trámites, la autorización combinada a través de la Nuclear Regulatory Commission (NRC), permite simultáneamente la construcción de la instalación y el desarrollo de la actividad (**).
En España, ni está prevista la apertura de nuevos reactores ni el Gobierno tiene intención de hacerlo. Tampoco existe programa alguno, con el consiguiente incremento del precio de la energía para el consumidor y el aumento de la dependencia externa.
Elemento común en los países citados es que, al margen de su diferente organización territorial, se reserva al Estado la iniciativa, gestión y decisión sobre la materia, posibilitando la simplificación de trámites y agilización de procesos.
En España, la aprobación de proyectos relacionados con la energía nuclear (tanto sobre generación como para extracción de materias primas) requiere una masiva intervención de diversas Administraciones a través de un nutrido complejo de autorizaciones e informes a nivel estatal, autonómico y local.
Y en punto a actividades extractivas de minerales radioactivos e implantación de instalaciones, distintos municipios ya han anunciando su propósito de reclasificar terrenos para prohibir la investigación y desarrollo.
En nuestro sistema, el Estado tiene competencia exclusiva sobre "bases del régimen minero y energético", pero parece improbable que la supremacía (teórica) del interés general de España posibilite una reforma de nuestra legislación sectorial que contemple una necesaria subordinación de las distintas competencias concurrentes a las del Estado.
Lamentablemente se vislumbra lejano el tiempo en que proyectos vitales para el desarrollo energético, tecnológico y económico de España no se vean obstaculizados por localismos y particularismos o por prejuicios basados en la ignorancia o en la demagogia.
(*) Datos correspondientes a enero de 2008; fuente: web de la Nuclear Energy Agency y web del Consejo de Seguridad Nuclear).
(**) Future of Nuclear Power, informe elaborado por el Massachusetts Institute of Technology (en su actualización para el año 2009 del informe del año 2003).
Manuel Marina. Socio de Dutilh Abogados