Subida de impuestos versus reducción de gastos

A principios de 2008 el Gobierno estaba eufórico: las cuentas públicas se cerraron con un superávit del 2,8% del PIB, las Cortes habían aprobado unos Presupuestos Generales del Estado fuertemente expansivos, que les permitiría continuar con la política de despilfarros en el gasto público, y el Partido Socialista había sido el más votado en las elecciones generales, por lo que sería el encargado de formar nuevo Gobierno.

La crisis financiera que en el año 2007 se había iniciado en Estados Unidos no existía para el Gobierno, y lo mismo sucedió con la crisis del sector de la vivienda en España, cuyos primeros síntomas se iniciaron también ese mismo año de 2007. Poco antes de las elecciones generales de 2008 publiqué un artículo en el que decía que los problemas de la economía española iban a ser tan profundos que el ganador de las elecciones no se atrevería a abordar él solo las decisiones necesarias para hacer frente a la crisis. Debería formarse un Gobierno de coalición de los principales partidos presidido por el más votado, con un programa de gobierno acordado entre ambos. Nada se hizo, y hasta bien entrado 2008 el Gobierno no reconoció la crisis.

La recesión había llamado a nuestra puerta: el paro y el déficit empezaron a mostrar la grave situación en que le economía se encontraba y lo peor era que el Gobierno no articulaba un plan global de reformas estructurales contra la crisis, que la mayor parte de los economistas pedíamos.

Las aspas del molino seguían girando, malgastando los recursos presupuestarios y el déficit público alcanzó a finales de 2008 el 3,8% del PIB. En febrero de 2009 la Comisión Europea decidió incoar procedimiento de déficit excesivo contra España por haber superado el 3% del PIB de referencia del Tratado de la Unión Europea; este procedimiento se produce por primera vez para España desde el ingreso en la Unión Económica y Monetaria. La Comisión consideró que el exceso sobre el 3% de referencia no podía ser considerado excepcional, dado que no se había producido en un contexto de desaceleración económica severa en ese año (la tasa de crecimiento del PIB fue del 1,2%) y que no podía ser considerado transitorio, dado que el déficit seguiría ampliándose en 2009.

Sobre la base de este informe y la posterior opinión del Comité Económico y Financiero y de la propia UE, el 27 de abril de 2009 el Consejo Europeo decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en España, fijando 2012 la fecha para reducir el déficit por debajo del 3%. Tal esfuerzo fiscal debería iniciarse en 2010. El esfuerzo fiscal tiene que ser mayor que el contemplado por la Comisión, ya que para el presente año se estima que el déficit sobrepasará el 10% del PIB.

Dos años han bastado para destrozar lo que con tanto esfuerzo se consiguió para nuestra entrada en la Unión Económica y Monetaria. El Consejo estableció un plazo que finaliza el 27 de octubre de 2009 para que las autoridades aprueben medidas de ajuste presupuestario efectivas y además subrayó la importancia de alcanzar los objetivos de medio plazo (equilibrio presupuestario en términos estructurales) una vez se haya corregido el déficit excesivo. Al mismo tiempo el Consejo pidió que el proceso de consolidación sea compatible con una mejora de la calidad de las finanzas públicas (parece que pide un mayor acierto en las previsiones) y que se refuerce la sostenibilidad de las finanzas públicas con la aplicación de reformas adicionales en el sistema de pensiones.

Para alcanzar la estabilidad presupuestaria que nos ha impuesto la Comisión Europea existen dos opciones: aumentar los impuestos, reducir los gastos o un mix. El Gobierno parece haber elegido la alternativa de incrementar los impuestos, sin tener en cuenta que en una economía abierta como es la nuestra, de la recesión no se sale con simples medidas expansivas que aumenten el gasto, que es la política que ha seguido el Gobierno desde el pasado año, sino mejorando la competitividad.

Un aumento de los impuestos disminuirá la renta disponible de las familias y aumentará la del Estado, que dada su propensión al gasto no todo se ahorrará y no disminuirá el déficit. Para la OCDE, las medidas para reducir el déficit deben orientarse hacia la limitación del gasto público y no hacia el aumento de la imposición. Dado que en el trienio 2010-2012 el gasto público deberá reducirse entre 7 y 9 puntos porcentuales de PIB, que es el déficit excesivo que tendremos a finales de este año, tanto el Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían elaborar un plan de ajuste presupuestario, para que en el citado trienio quede suprimido el exceso de déficit de cada uno de ellos sobre el indicado fijado, detallando por años las partidas presupuestarias donde la reducción se llevará a efectos y la cuantía de ajuste para cada año.

Las directrices para llevar a cabo el ajuste presupuestario se dictarán por el Ministerio de Economía y Hacienda, haciendo constar las partidas presupuestarias que prioritariamente deberían ser objeto de reducción. En una situación de recesión como la que tenemos, con 4,5 millones de parados, los funcionarios públicos, que gozan de estabilidad en el empleo, deberían someter a congelación en 2010 la totalidad de sus retribuciones; igual medida deberá acordarse para los altos cargos; las dos medidas serían aplicables a las tres Administraciones: central, autonómica y local. Las vacantes existentes en las plantillas de los funcionarios públicos, asesores, personal contratado, etcétera, se darían de baja, pues el número de funcionarios ha sobrepasado ya los tres millones; igual medida se adoptarán con las vacantes que por jubilaciones o cualquier otra causa se vayan produciendo en el trienio.

En cuanto a los gastos de funcionamiento de los servicios (Capítulo 2o del Presupuesto) se reducirán los créditos en el 10% de sus importes en 2010 y el 5% en cada uno de los años siguientes. En especial se someterán a ajustes los gastos suntuarios, de protocolo, etcétera, que no son indispensables para el funcionamiento del servicio.

Los gastos de los parques móviles de coches oficiales serán analizados en profundidad, suprimiéndose las adscripciones directas de coches oficiales a los directores generales y asimilados, sustituyéndose por un retén de coches oficiales en cada ministerio para los desplazamientos de los directores generales en actos de servicio. Se someterá a un exhaustivo análisis cada una de las transferencias y subvenciones de los Capítulos 4o y 7o para dar de baja los que no se consideren de absoluta necesidad.

Por último, la Administración debería ser sometida a una profunda reforma para que sea más eficiente: una nueva organización y un nuevo sistema de dirección de la producción pública son los pilares sobre los que hay que asentar la Administración pública. El presidente del Gobierno debería explicar por la televisión a los ciudadanos la grave situación de nuestra economía y la necesidad de recobrar la estabilidad presupuestaria ordenada por el Consejo de la Unión Europea, como paso a las reformas estructurales a realizar, que llevan ya un fuerte retraso en su implantación.

Dos años han bastado para destrozar lo que con tanto esfuerzo se consiguió para nuestra entrada en la Unión Económica y Monetaria

En una economía abierta como es la nuestra, de la recesión no se sale con simples medidas expansivas que aumenten el gasto, como hace el Gobierno

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid