Comparanzas autonómicas
En tanto que la actualidad social en España gira alrededor de la grave crisis económica que atravesamos, en el tablero del ajedrez político unos y otros esperan con verdadera ansiedad la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Más allá de la irresponsable tardanza del alto tribunal en hacer su trabajo -rayana en la responsabilidad penal-, cobra sentido reflexionar acerca de lo que ha sido hasta ahora la utilización de las competencias regionales en la cuestión económica, y ponerlo en relación con la gestión de la crisis por parte del Gobierno de la nación.
Si se analiza el porcentaje que representa el gasto público de cada Gobierno autonómico sobre el respectivo PIB regional, se observa que Extremadura es la región en la que dicho ratio es mayor (28,4%), seguida de Castilla-La Mancha (22,7%) y Andalucía (20,2%). Recordemos que se trata de las tres únicas autonomías en las que gobierna el PSOE desde el inicio del Estado autonómico. Las diferencias con otras regiones son significativas, toda vez que en el extremo opuesto, el gasto público regional en Madrid es el 9,5% de su PIB y en Valencia es el 12,5%. Por ello, no puede sorprender excesivamente que desde 2004 la política económica nacional esté caracterizada por un creciente peso del gasto público.
También presenta interés conocer algunos aspectos del empleo dado al gasto público regional por parte de los diferentes Gobiernos autónomos. En el sentido enunciado, las tres regiones citadas -Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía- son las que, en términos relativos, destinan un mayor volumen del mismo a la realización de transferencias y subsidios. Extremadura dedica a dichos fines el 11,1% del PIB regional, en tanto que Castilla-La Mancha lo hace con un 10,8% y Andalucía con un 9,2%. De nuevo, son significativas las diferencias, pues el citado ratio es un 3,3% en Madrid, un 3,9% en Baleares o un 4,4% en Valencia.
En base a lo anterior, tampoco puede sorprender en demasía que desde 2004 el Presupuesto del Estado haya visto crecer el volumen de gasto utilizado en transferencias y subsidios.
Por su parte, también es relevante el peso relativo de los asalariados en cada sector público regional -englobando funcionarios de la Administración autonómica y empleados de empresas autonómicas-, pues ofrece asimismo diferencias notables. Así, comparando su proporción respecto al total de ocupados de cada región, Extremadura ofrece el mayor ratio (14,8%), encontrándose Asturias y Andalucía con porcentajes elevados (11,8% y 10,3%, respectivamente). Sin embargo, Baleares, con un 7,1%; Cataluña, con un 7,2%; Valencia, con un 7,4%, y Madrid, con un 7,5%, ofrecen el punto opuesto. Consecuentemente, no puede ser motivo de sorpresa que desde 2004 el número de personas que cobran una nómina con cargo al Presupuesto del Estado se haya incrementado notablemente.
En definitiva, los ejemplos expuestos revelan que la conducción de la economía española que se aplica desde 2004 representa con extrema fidelidad la praxis económica ortodoxa de los socialistas españoles: aumento del gasto público, destinado preferentemente al pago de salarios públicos y a medidas asistencialistas. Adicionalmente, la violenta irrupción de la grave crisis económica actual ha provocado un doble impulso al crecimiento del gasto publico. De una parte, el espectacular y desgraciado crecimiento del paro ha disparado a los estabilizadores automáticos -subsidio de desempleo-. De otra, las medidas anticrisis de carácter discrecional han seguido básicamente la senda asistencialista, con nuevos y costosos subsidios. Se plantea así el combate a la crisis intensificando la tradicional receta socialista.
La cuestión dista de ser pacífica, siendo muchos los que opinamos que la orientación dada al problema está equivocada. En cualquier caso, bueno es observar comparativamente los resultados obtenidos en el ámbito autonómico por las diversas orientaciones. De ese modo, puede observarse que Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha son, por ese orden, las tres regiones españolas con menor nivel de renta per cápita (15.000 euros, 17.400 euros y 17.600 euros, respectivamente).
Es evidente que la orientación de sus respectivas políticas económicas regionales no constituye la única o exclusiva causa de su posición de colistas en el ranking de renta personal, pero es lo cierto que la política que han aplicado: recurrir al gasto público (asistencial y de personal) no les ha servido para escapar del furgón de cola en el que están situadas.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI y socio de cet-consulting empresarial